SIN FUERO, PERO CON JUSTICIA: EL RETO QUE ROCÍO NAHLE PONE SOBRE LA MESA
21 de Septiembre de 2026
Gabriel García-Márquez
La iniciativa de la gobernadora Rocío Nahle García para eliminar la declaración de procedencia que actualmente protege a presidentes municipales, integrantes de concejos municipales y síndicos de Veracruz abre un debate que puede ir mucho más allá de los ayuntamientos. Y no es una discusión que aparezca en el vacío.
La realidad veracruzana le acaba de poner nombres y apellidos: Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste; Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván; e Isaac García Álvarez, de Coahuitlán, son tres presidentes municipales que se encuentran actualmente en el centro de investigaciones o requerimientos de la justicia estatal.
En los casos de González Martínez y Bravo Montero, el Congreso local ya aprobó retirarle el fuero a solicitud de la Fiscalía. El primero es investigado por su presunta participación en el homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez; el segundo, por su presunta relación con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta.
En el caso de Isaac García Álvarez, la Fiscalía lo requirió para que compareciera por una investigación relacionada con un hecho ocurrido durante una fiesta patronal en Chumatlán, donde se registraron disparos y resultó lesionada una menor. Pero hay que hacer una precisión fundamental: una investigación no equivale a una sentencia. Las acusaciones deben resolverse dentro de los procedimientos legales y bajo el principio de presunción de inocencia.
La propuesta de Rocío Nahle plantea reformar el artículo 78 de la Constitución estatal para que las autoridades municipales puedan ser investigadas y, en su caso, enfrentar un proceso penal sin que previamente el Congreso tenga que autorizarlo mediante una declaración de procedencia. Dicho de manera sencilla: si un alcalde es señalado por la posible comisión de un delito, ya no sería necesario acudir primero al Congreso para solicitar que se retire esa protección procesal. Y aquí comienza la discusión.
NADIE DEBERÍA ESTAR POR ENCIMA DE LA LEY
Un alcalde es un servidor público elegido para gobernar un municipio, administrar recursos y tomar decisiones en representación de los ciudadanos. Precisamente por eso debe contar con las condiciones necesarias para ejercer su responsabilidad, pero también debe responder por sus actos cuando existan elementos para investigar una posible conducta delictiva.
Un cargo público no puede convertirse en un salvoconducto frente a la justicia. Por cierto, eliminar la declaración de procedencia tampoco significa declarar culpable a un alcalde. Una denuncia no es una sentencia, una investigación no es una condena y un proceso penal no elimina la presunción de inocencia.
La iniciativa plantea, en esencia, separar dos conceptos que con frecuencia se confunden: la autonomía municipal y la inmunidad procesal. Que un Ayuntamiento tenga autonomía constitucional no significa necesariamente que quien lo encabeza deba contar con una protección especial frente a una investigación penal.
Toda vez que una denuncia no demuestra por sí misma la existencia de un delito, la desaparición de la inmunidad procesal tendría que ir acompañada de instituciones fuertes, procedimientos transparentes y controles judiciales efectivos. Porque tampoco sería sensato presentar la eliminación del fuero como una solución mágica.
El fuero surgió, entre otras razones, para impedir que el poder utilizara acusaciones penales como mecanismo de presión contra funcionarios incómodos. Y esa posibilidad tampoco puede ignorarse.
Imaginemos que un presidente municipal se enfrenta políticamente con un grupo poderoso y, poco después, aparecen varias denuncias en su contra. Sin declaración de procedencia, la investigación podría comenzar sin que el Congreso intervenga. Eso puede ser positivo cuando existen elementos reales de un delito, pero puede convertirse en un problema si las instituciones encargadas de procurar justicia son utilizadas con fines políticos.
LA PREGUNTA INCÓMODA: ¿Y LOS DIPUTADOS Y SENADORES?
Aquí es donde la iniciativa veracruzana adquiere una dimensión mayor. Si se considera que alcaldes y síndicos no necesitan autorización del Congreso para enfrentar una investigación penal, inevitablemente surge otra pregunta: ¿Y los diputados y senadores? ¿Y los gobernadores?
La iniciativa de Veracruz no plantea eliminar la declaración de procedencia para todos los servidores públicos. Se concentra en las autoridades municipales contempladas en el artículo 78. Pero una vez abierto el debate, resulta inevitable mirar hacia el ámbito federal.
La razón histórica de la inmunidad procesal también es entendible: evitar que una mayoría política pueda utilizar una acusación penal para quitar del camino a un adversario. Pero también puede plantearse la pregunta contraria.
Si existen fiscales, jueces y procedimientos judiciales para determinar si una persona cometió un delito, ¿por qué tendría que intervenir primero un órgano político para permitir que esa investigación avance? Y aquí debe hacerse una distinción fundamental: eliminar la declaración de procedencia no tendría por qué significar eliminar la protección de los legisladores respecto de las opiniones que expresen en el ejercicio de sus funciones parlamentarias. Una cosa es proteger la libertad del legislador para debatir y votar. Otra muy distinta es otorgarle una protección especial frente a una investigación por un posible delito. Mientras tanto, Veracruz puede estar colocando sobre la mesa una discusión que tarde o temprano tendrá que abordarse también en el ámbito federal.
VERACRUZ PUEDE ABRIR UN DEBATE MAYOR
No sería prudente afirmar desde ahora que la propuesta veracruzana debe convertirse automáticamente en una regla para toda la República. Cada entidad tiene su propio marco constitucional y sus circunstancias políticas e institucionales. Pero sí puede convertirse en un punto de partida para discutir a fondo el régimen de inmunidad procesal. Porque el problema no es solamente si debe existir o desaparecer el fuero. El verdadero problema es qué sistema de controles debe existir cuando desaparezca.
Si Veracruz decide avanzar, la reforma tendría que funcionar independientemente del partido que gobierne. El criterio tendría que aplicarse al alcalde de Morena, al del PAN, al del PRI, al de Movimiento Ciudadano, al del Partido Verde, del PT o al de cualquier otra fuerza política. La regla debe ser la misma para todos.
Por cierto, ésta podría ser la parte más interesante de la iniciativa: que la eliminación del fuero no sea una medida contra determinados funcionarios, sino una revisión general de los privilegios procesales de quienes ejercen cargos públicos. Porque si el fuero desaparece únicamente para perseguir al adversario, entonces el problema no habrá desaparecido. Simplemente habrá cambiado de dueño.
EL FUERO NO DEBE CAMBIAR DE DUEÑO
La iniciativa de Rocío Nahle coloca sobre la mesa una discusión que México tiene pendiente desde hace mucho tiempo.
Los casos de Raúl González Martínez, Bertín Bravo Montero e Isaac García Álvarez le dan un rostro concreto a esta discusión, pero no deben convertirse en una sentencia anticipada para nadie.
El ciudadano común enfrenta una investigación penal sin que nadie le pregunte a un Congreso si puede ser investigado. Entonces vale la pena preguntarse por qué quienes reciben el mandato de gobernar deben tener una protección adicional. Pero también debemos preguntarnos qué ocurriría si esa protección desaparece y las instituciones encargadas de investigar no tienen la suficiente independencia para resistir las presiones políticas.
No bastará con quitar el fuero. Habrá que garantizar que la justicia sea independiente. No bastará con permitir que se investigue a los funcionarios. Habrá que impedir que las investigaciones se utilicen para perseguir adversarios. No bastará con hablar de igualdad ante la ley. Hay que construir instituciones capaces de hacerla realidad.
El fuero no debe ser un privilegio para escapar de la justicia, pero tampoco podemos permitir que la justicia se convierta en un arma política. Y quizá ésa sea la pregunta que debería quedar flotando después de esta iniciativa:
Si queremos que alcaldes, síndicos, diputados y senadores respondan ante la ley como cualquier ciudadano, ¿estamos también preparados para garantizar que quienes aplican esa ley no puedan utilizarla contra sus adversarios? Porque quitar el fuero puede ser relativamente sencillo. Lo verdaderamente difícil es conseguir que, una vez que desaparezca, nadie pueda volver a esconderse detrás del poder, pero tampoco pueda ser perseguido desde el poder. De manera que, en caso de aprobarse esta iniciativa de ley, quienes pretendan ser alcaldes tendrán que pensarlo muy bien antes de lanzarse en busca de enriquecerse impunemente o de buscar el poder por el poder.
