JÁLTIPAN: EL FUEGO SE APAGÓ, PERO LAS DUDAS SIGUEN
18 de Septiembre de 2026
Gabriel García-Márquez
La explosión ocurrida el pasado 14 de septiembre en la planta de sal de PMV Minera, en Jáltipan, no puede quedar reducida a una nota roja más en la larga historia de accidentes industriales del sur de Veracruz.
Hay muertos, trabajadores lesionados, familias que hoy enfrentan una tragedia y una instalación industrial cuya operación tendrá que ser revisada a fondo. Y hay algo todavía más importante: la necesidad de saber exactamente qué ocurrió.
La emergencia comenzó en un pozo de salmuera con diésel dentro de las instalaciones de PMV Minera, mientras se realizaban trabajos de mantenimiento. El primer reporte oficial estableció tres personas fallecidas y una lesionada; posteriormente se localizaron más víctimas y falleció uno de los trabajadores que había sido trasladado con graves quemaduras. Los reportes más recientes sitúan el saldo en cinco personas fallecidas.
El incendio obligó a desplegar a Protección Civil, cuerpos de auxilio, corporaciones de seguridad y fuerzas federales. Durante horas se mantuvo una situación de riesgo por la presencia de combustible en las instalaciones.
Por cierto, desde las primeras horas del incidente circuló la versión de que se trataba de una instalación de Petróleos Mexicanos, lo cual fue aclarado por Pemex, afirmando que la planta no es de su propiedad, puesto que la instalación pertenece a PMV Minera. Y esa precisión es importante, porque detrás de PMV existe una historia empresarial que lleva directamente a otro de los episodios industriales más dolorosos que ha vivido esta región.
PMV, LA FAMILIA DEL VALLE Y UNA HISTORIA QUE REGRESA
La historia de Petroquímica Mexicana de Vinilo está ligada a Mexichem, hoy Orbia, grupo empresarial asociado históricamente con la familia Del Valle.
En 2016, cuando ocurrió la tragedia de Clorados III, Pemex y Mexichem eran socios de PMV. Pemex tenía entonces una participación de 44.09 por ciento en la empresa, mientras Mexichem operaba las instalaciones.
El nombre de Juan Pablo Del Valle, entonces presidente del Consejo de Administración de Mexichem apareció públicamente durante aquella emergencia. Pemex informó que Del Valle estuvo en las instalaciones de Clorados III durante las labores de atención y rescate.
Por eso, cuando hoy vuelve a ocurrir una explosión mortal relacionada con instalaciones de PMV, es inevitable recordar aquel antecedente. Esto no significa que ambos accidentes hayan tenido la misma causa. No existe evidencia suficiente para afirmar eso. Pero sí existe una coincidencia empresarial que merece ser tomada en cuenta: Clorados III y la planta de sal de Jáltipan forman parte de la historia industrial de PMV. Y cuando una región acumula tragedias industriales, la memoria deja de ser un asunto del pasado y se convierte en una herramienta para prevenir nuevas desgracias.
CLORADOS III: 32 MUERTOS Y UNA LECCIÓN QUE NO DEBE OLVIDARSE
El 20 de abril de 2016, una explosión sacudió la planta Clorados III, en el Complejo Petroquímico Pajaritos, en Coatzacoalcos. El saldo final fue de 32 trabajadores fallecidos y 136 lesionados. Pemex confirmó que todos los fallecidos eran contratistas o subcontratistas que participaban en trabajos de modernización de la planta.
Aquella tragedia marcó a Coatzacoalcos y a todo el sur de Veracruz. Diez años después, otra explosión vuelve a cobrar vidas en una instalación vinculada a PMV. La comparación debe hacerse con responsabilidad. Las circunstancias no son las mismas y no existe, hasta ahora, una conclusión oficial que establezca una causa común. Pero tampoco tendría sentido ignorar el antecedente. Toda vez que se trata de instalaciones industriales donde se manejan sustancias y materiales potencialmente peligrosos, la seguridad debe estar por encima de cualquier consideración operativa o económica.
Clorados III dejó una cifra que difícilmente puede olvidarse: 32 muertos. Jáltipan vuelve a dejar una tragedia. Eso obliga, por lo menos, a revisar qué se hizo antes, qué se está haciendo ahora y qué tendrá que cambiar en el futuro.
EL PUNTO CLAVE: ¿QUÉ PROVOCÓ LA EXPLOSIÓN?
Aquí no hay lugar para especulaciones. Lo que está documentado es que la emergencia ocurrió en un pozo de salmuera con diésel, durante trabajos de mantenimiento. La propia empresa confirmó que hubo tres trabajadores lesionados y una persona desaparecida en las primeras horas posteriores al accidente.
Lo que todavía tiene que determinarse mediante los peritajes es qué provocó técnicamente la explosión. Y ahí es donde debe concentrarse la investigación. Debe establecerse cuáles trabajos se estaban realizando, qué procedimiento se utilizó, qué condiciones presentaba el pozo, qué cantidad de combustible había, cuáles eran los protocolos de seguridad y quién estaba encargado de supervisar las labores. También tendrá que determinarse si los trabajadores contaban con el equipo adecuado y si se cumplieron las medidas previstas para intervenir una instalación que contenía combustible.
No se trata de buscar culpables a priori. Se trata de establecer responsabilidades con base en hechos. Si todo estaba conforme a los protocolos, los peritos tendrán que explicar qué ocurrió. Si hubo una falla técnica, deberá conocerse. Si existió una omisión, tendrá que documentarse. Y si hubo una deficiencia de supervisión, también tendrá que establecerse.
Una tragedia industrial no puede cerrarse simplemente con la frase de que fue un accidente. Un accidente tiene causas. Y esas causas deben conocerse.
EL FUEGO SE APAGÓ, PERO LA INVESTIGACIÓN APENAS COMIENZA
Mientras tanto, el incendio de Jáltipan dejó algo más que daños materiales. Dejó comunidades en alerta, familias desplazadas preventivamente y una región que durante varios días vivió bajo la preocupación de que el incendio pudiera alcanzar otros puntos de riesgo.
La respuesta de los cuerpos de emergencia fue fundamental para controlar la situación. Pero controlar el fuego era solamente la primera parte. Ahora corresponde determinar qué ocurrió.
La gobernadora Rocío Nahle García acudió a la zona y supervisó las acciones de atención a la emergencia. Las autoridades estatales y federales tendrán que mantener una coordinación estrecha para garantizar que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias. Y aquí aparece un punto que no debe perderse de vista. El sur de Veracruz vive desde hace décadas rodeado de instalaciones petroleras, petroquímicas, químicas, mineras y de almacenamiento.
Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque y Jáltipan forman un corredor industrial estratégico, pero también una zona donde la seguridad debe ser permanente. No podemos acostumbrarnos a que las explosiones formen parte del paisaje industrial.
LA HIPÓTESIS QUE NO DEBE DESCARTARSE
Queda una pregunta de fondo que, por incómoda que resulte, no debe descartarse mientras no existan elementos suficientes para hacerlo. ¿Era una planta plenamente productiva y rentable antes de la explosión o se trataba de una instalación cuya operación ya representaba una carga económica para sus propietarios? Y si existe una póliza de seguro, habrá que conocer su monto, sus coberturas, cuándo fue contratada o renovada y qué indemnización correspondería por los daños ocasionados.
No estamos diciendo que la planta haya sido incendiada deliberadamente para cobrar el seguro. Hasta ahora no existe evidencia pública que permita sostener semejante afirmación. Pero tampoco es correcto que una investigación seria descarte esa posibilidad sin revisar los documentos financieros, operativos y de aseguramiento de la instalación. Porque una cosa es que una empresa cobre legítimamente un seguro después de sufrir un accidente y otra, muy distinta sería que una tragedia hubiera sido provocada deliberadamente para recuperar una inversión. La diferencia es enorme. Y precisamente por eso debe investigarse.
Debe establecerse también qué estado guardaba la planta antes del accidente, qué inversiones recientes había recibido, qué nivel de producción mantenía y qué cobertura de seguro tenía vigente. Mientras tanto, nadie debería adelantarse a señalar culpables. Pero tampoco nadie debería apresurarse a cerrar el expediente. Y cuando hay vidas de por medio, la verdad no puede quedar asegurada solamente en una póliza. Tiene que quedar establecida en una investigación.
QUE NO SE APAGUE LA MEMORIA
Pienso que la verdadera prueba comienza cuando las llamas dejan de verse y los reflectores se marchan. Porque es muy fácil hablar de seguridad mientras una tragedia ocupa las primeras páginas en los medios. Lo difícil es mantener la vigilancia cuando todo vuelve a la normalidad. La familia Del Valle y las empresas vinculadas históricamente con su grupo empresarial forman parte de la historia de la industria petroquímica del sur de Veracruz. Esa historia incluye la participación de Mexichem en PMV y el antecedente de Clorados III. Pero una cosa es documentar esa historia y otra muy distinta atribuir responsabilidades por el accidente de Jáltipan antes de que concluyan las investigaciones.
Por eso la exigencia debe ser sencilla y contundente: Que se investigue, que se conozca la causa, que se determinen las responsabilidades que correspondan. Y que se corrija todo aquello que tenga que corregirse. Las familias de los trabajadores fallecidos tienen derecho a la verdad. Los trabajadores tienen derecho a condiciones seguras. Y la sociedad tiene derecho a saber quién opera las instalaciones industriales que existen en su entorno y en qué condiciones funcionan.
No necesitamos otra tragedia para volver a hablar de seguridad industrial. El fuego ya se apagó. Ahora falta apagar la incertidumbre.
