EL MANOTAZO EN LA MESA DE LA PRESIDENTA
24 de Agosto de 2026
Gabriel García-Márquez
Durante casi dos años, una de las preguntas que más ha rondado la política nacional es muy sencilla: ¿quién manda realmente en México?
Claudia Sheinbaum llegó a la Presidencia con el respaldo, la estructura y la herencia política de Andrés Manuel López Obrador. Era natural que al inicio de su gobierno hubiera continuidad. Pero una cosa es continuar un proyecto y otra muy distinta permitir que alrededor de ese proyecto se formen grupos, intereses y personajes que actúen como si todavía existiera un poder paralelo.
Los acontecimientos recientes parecen haber llevado a la presidenta a una conclusión inevitable: si no daba un manotazo en la mesa, otros terminarían creyendo que podían mandar por encima de ella.
Y los nombres que han puesto a prueba esa autoridad son, entre otros, Andy López Beltrán, Fernando Farías Laguna y Rubén Rocha Moya, por solo nombrar los casos más recientes.
LA SOMBRA DEL PODER HEREDADO
El caso de Andy López Beltrán volvió a colocar sobre la mesa un asunto incómodo para la llamada Cuarta Transformación: el peso político que todavía conserva la familia del expresidente López Obrador.
La polémica por la cancelación de su visa estadounidense provocó una reacción política de grandes proporciones. Morena cerró filas y el asunto dejó de ser solamente personal para convertirse en un tema político que obligó a fijar posiciones desde distintos frentes. Pero el problema no está únicamente en la visa. Está en el mensaje.
Porque cuando un asunto relacionado con el hijo del expresidente moviliza a una parte importante del aparato político, inevitablemente surge la pregunta: ¿Andy López Beltrán es solamente un dirigente de Morena o conserva un peso político capaz de obligar a todos a reaccionar?
Y esa es precisamente una de las líneas que Claudia Sheinbaum necesita marcar con claridad: respeto a López Obrador, sí; continuidad del movimiento, también; pero el gobierno tiene una sola titular y se llama Claudia Sheinbaum.
Por otro lado, el caso del contralmirante Fernando Farías Laguna representa una oportunidad para demostrar que la lucha contra la corrupción no puede tener apellidos, amistades ni grupos protegidos.
Si la justicia alcanza a personajes vinculados con estructuras poderosas, el mensaje será claro: el uniforme, el cargo o la cercanía política no pueden convertirse en salvoconductos.
Ese es el tipo de decisión que fortalece la autoridad presidencial. No porque se trate de ajustar cuentas, sino porque un gobierno que presume combatir la corrupción tiene que demostrar que también está dispuesto a investigar a los suyos.
ROCHA MOYA Y EL LÍMITE DE LA PRESIDENTA
Pero si hubo un episodio que pareció convertirse en la verdadera prueba de autoridad fue el regreso de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa. Su intento por volver al cargo no podía verse como un simple trámite administrativo. Políticamente fue una demostración de fuerza y una prueba para saber hasta dónde podía llegar la autonomía de un personaje identificado con las estructuras más cercanas al obradorismo. Y la respuesta terminó siendo contundente: Morena se deslindó. La propia presidenta Claudia Sheinbaum marcó distancia y, finalmente, Rocha Moya tuvo que volver a solicitar licencia, pero ahora si de manera indefinida.
Ahí estuvo el verdadero manotazo en la mesa. Porque una cosa es tener el respaldo histórico de López Obrador y otra muy distinta creer que ese respaldo da permiso para desafiar a la presidenta en funciones.
El mensaje fue claro: las viejas lealtades ya no pueden estar por encima de la autoridad presidencial. Nadie debería confundir esto con una ruptura entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. La presidenta no necesita romper con quien fue su principal respaldo político para ejercer plenamente el poder. Pero gobernar no significa vivir bajo ninguna tutela.
En efecto, López Obrador es el fundador y líder histórico del movimiento y eso nadie lo discute. Sin embargo, México no tiene dos presidentes. La responsabilidad constitucional y política del país recae en Claudia Sheinbaum. Y eso, tarde o temprano, tenía que empezar a notarse.
LOS QUE LE ENSUCIAN LA PLANA
Sin embargo, el manotazo en la mesa todavía no está completo, ahora está por verse qué va a hacer la presidenta con personajes que, en lugar de ayudarle, le ensucian la plana. Y en esa lista destacan, por méritos propios, Gerardo Fernández Noroña, Arturo Ávila y Luisa María Alcalde.
El caso de Noroña es particularmente delicado porque sus declaraciones, pleitos y polémicas suelen generar conflictos que después tienen que ser explicados, matizados o apagados desde otras oficinas del gobierno y del movimiento. Una cosa es tener un político dispuesto a la confrontación y otra muy distinta permitir que, por buscar protagonismo, termine creando problemas innecesarios para la presidenta. Noroña puede ser útil en la tribuna, pero la pregunta es si resulta igual de útil cuando sus excesos terminan convirtiéndose en una carga política para el gobierno federal.
En el caso de Luisa María Alcalde, el problema es distinto. Como dirigente nacional de Morena, le corresponde mantener orden, disciplina y cohesión dentro del partido. Sin embargo, en ocasiones Morena parece más una suma de grupos, intereses y figuras con agenda propia que una organización capaz de respaldar con orden a la presidenta. Y cuando el partido se equivoca, guarda silencio cuando debería hablar o habla cuando debería callar, también le ensucia la plana a quien gobierna. Aun cuando el partido en el poder tiene su propia dirigencia, el gobierno federal tiene una presidenta. Y si los pleitos internos, los errores y las contradicciones terminan afectando la autoridad presidencial, alguien tendrá que poner orden.
LA HORA DE DEMOSTRAR QUIÉN MANDA
En política, la autoridad no se presume: se ejerce. Claudia Sheinbaum sabe que no puede llegar a los próximos procesos electorales con la percepción de que cada grupo de Morena tiene su propio jefe, su propia agenda y su propia capacidad de presión. Mucho menos puede permitir que los aliados del pasado crean que este sexenio es una prolongación automática del anterior. El poder cambia cuando cambia la persona que toma las decisiones. Y tal vez eso es lo que estamos empezando a ver.
El caso de Andy exhibió el enorme peso que todavía conserva el apellido López dentro del movimiento. El de Fernando Farías puso a prueba la disposición del gobierno para actuar contra la corrupción en estructuras poderosas. Y el de Rocha Moya demostró que algunos aliados podían creer que todavía tenían margen para actuar por cuenta propia, amparados en viejas lealtades.
Pero ahora viene otra prueba, porque el verdadero manotazo en la mesa no consiste solamente en responder cuando alguien intenta desafiar a la presidenta. Consiste también en poner orden entre los propios, llamar la atención a quienes se pasan de la raya y dejar claro que nadie tiene licencia para actuar por libre y después esperar que la presidenta salga a recoger los platos rotos.
