La ciclicidad de las élites y la Tercera Modernidad 1/2
28 de Agosto de 2026
Luis Adalberto Maury Cruz
FALANGES: La ciclicidad de las élites y la Tercera Modernidad 1/2
Luis Adalberto Maury Cruz
lmaury_cruz@hotmail.com
La historia de la humanidad puede observarse desde múltiples perspectivas: ideas, civilizaciones, guerras, economía, tecnología o instituciones. Sin embargo, todas están atravesadas por una condición fundamental: el ser humano es un ser gregario. Su capacidad para sobrevivir, organizarse y transformar su entorno depende de establecer vínculos y coordinar acciones con otros.
Esta condición no desaparece con la civilización; se vuelve más compleja. El individuo se integra en grupos; los grupos desarrollan organizaciones; algunas concentran mayores capacidades de decisión e incidencia y pueden constituir núcleos dirigentes, no necesariamente visibles. Cuando esas capacidades adquieren permanencia y se institucionalizan sobre un territorio y una población, aparece el Estado o, al menos, su germen.
Existe aquí una suerte de similitud estructural entre distintas escalas de la vida social. No porque individuo, grupo, organización y Estado sean equivalentes, sino porque en ellos reaparecen patrones de integración, diferenciación, cooperación, conflicto y jerarquización. Cambian la escala, la complejidad y las circunstancias históricas.
Poder, Estado y élite
Si entendemos la violencia más allá de su habitual connotación moral o jurídica, podemos concebirla como una condición existencial: la cantidad de capacidad, energía o acción necesaria para producir una transformación o lograr un fin. La violencia no es necesariamente negativa; construir, proteger, transformar o resistir también implica violencia. En efecto, también el delito y el crimen constituyen formas de violencia, aunque social y jurídicamente sean consideradas ilegítimas y destructivas.
La fuerza, en este sentido, es un tipo de violencia, no su equivalente. La violencia constituye una categoría más amplia que puede expresarse mediante fuerza física, coerción, capacidad económica, presión institucional, influencia simbólica, control tecnológico o diversas formas de intervención sobre las condiciones de acción de otros. Desde esta perspectiva, el poder puede comprenderse como la institucionalización de la violencia: la organización, regulación y estabilización de una capacidad dentro de estructuras económicas, políticas, sociales y jurídicas.
Esta formulación no pretende sustituir la definición weberiana de poder ni atribuirle a Weber una concepción que no es propiamente suya. En La política como vocación, Weber sostiene que el Estado moderno se caracteriza por reclamar con éxito el monopolio del uso legítimo de la violencia física dentro de un territorio determinado, y vincula la política con la aspiración a participar en el poder o influir en su distribución (Weber, 1919/2012).
El Estado constituye una de las formas históricas más complejas de este proceso. Institucionaliza la violencia y determina quién puede ejercerla, sobre quién y mediante qué procedimientos. El derecho convierte así una capacidad de acción en poder político; es decir, convierte una capacidad social en una realidad institucionalizada.
Todo Estado, entendido como sistema de instituciones públicas, posee un poder de imperium: potestad de mando, decisión y regulación sobre quienes se encuentran bajo su jurisdicción. Este poder tiene sus homólogos en el concierto internacional; por ello, el Estado es soberano en su relación endógena y exógena, al menos formalmente. Pero el Estado tampoco es una unidad homogénea. En su interior existen grupos, intereses y núcleos de decisión contrapuestos, cuya capacidad de incidencia puede superar la que formalmente les corresponde. La respuesta formal y, en concordancia con la codificación jurídica, conduce hacia los gobiernos: son estos quienes ejercen institucionalmente las atribuciones que el orden constitucional les confiere. Pero la respuesta histórica y sociopolítica, desde la Realpolitik, es más compleja.
Gobierno y élite no son sinónimos.
La élite puede definirse como una minoría organizada que posee poder y capacidad para regir, orientar o incidir sobre lo público, aunque sus integrantes no ocupen posiciones formales dentro del aparato gubernamental. Algunas veces aparece visiblemente en las estructuras políticas; otras, actúa mediante redes económicas, financieras, corporativas, políticas, militares, intelectuales, religiosas o institucionales, y en otros casos hay también redes delictivas.
La teoría clásica de las élites permite reconocer esta regularidad. Gaetano Mosca identificó la tendencia de las sociedades organizadas a diferenciar entre una minoría dirigente y una mayoría dirigida; la ventaja de la primera no reside solamente en su número, sino en su capacidad de organización y coordinación (Mosca, 1939). La élite no es burocracia ni necesariamente gobernante formal.
La historia ofrece numerosos ejemplos en los que ciertos miembros de la élite eran simultáneamente gobernantes. Carlos V y Felipe II ocuparon la cúspide visible del poder político de la Monarquía Hispánica, pero el ejercicio de ese poder se articulaba con redes de banqueros, comerciantes, funcionarios, corporaciones, gremios e instituciones religiosas cuya participación en la estructura imperial no se agotaba en la figura del monarca. Esto resulta evidente en instituciones como la Casa de Contratación y en los conquistadores que, tras sus victorias, institucionalizaron sus posiciones, como fue el caso de Hernán Cortés.
La figura del gobernante hace visible una parte del poder; no necesariamente agota la estructura que lo sostiene, condiciona o reproduce. Algo semejante, aunque bajo las actuales condiciones históricas, radicalmente distintas, puede observarse en la actualidad. Organizaciones transnacionales como BlackRock, JPMorgan Chase, Open Society Foundations o Palantir permiten aproximarnos a diferentes modalidades de concentración de recursos y capacidad institucional que pueden influir sobre los Estados. No pertenecen a una misma categoría: BlackRock y JPMorgan Chase son actores financieros de escala global, mientras Open Society constituye una red filantrópica internacional con actividades de incidencia pública; por su parte, Palantir es una empresa tecnológica que desarrolla software para analizar enormes cantidades de datos y utilizar inteligencia artificial destinada a gobiernos y grandes empresas.
La importancia de las élites, para el análisis, no consiste en afirmar que constituyen una estructura homogénea ni que controlan gobiernos. Consiste en reconocer que poseen recursos, redes, conocimiento especializado y capacidades institucionales que les permiten participar en procesos económicos, financieros, militares, sociales o políticos que trascienden las fronteras estatales. La complejidad de estas estructuras hace que no siempre resulte evidente para el conjunto de la sociedad quién interviene en determinadas decisiones estratégicas, mediante qué mecanismos y con qué capacidad efectiva de incidencia.
Esto no implica necesariamente conspiración. En sistemas complejos significa, con frecuencia, que la cadena efectiva de decisión es más extensa, especializada y distribuida que la estructura formal que aparece públicamente. Por ello, una élite no debe definirse simplemente como quien gobierna, sino como quien dispone de una combinación suficiente de organización, poder y capacidad de incidencia para regir, orientar o intervenir significativamente en la conducción de los asuntos públicos, participar en su institucionalización y procurar la preservación de determinadas posiciones e intereses.
Así, los gobernantes corresponden a la formalidad política y jurídica; la élite, en cambio, remite a la dimensión formal e informal de un poder con capacidad de conducción o incidencia significativa en lo público.
La dinámica de las élites
Vilfredo Pareto desarrolló la idea de la circulación de las élites: las minorías dirigentes se desgastan, pierden capacidad de conducción y son sustituidas o integradas por otras (Pareto, 1935). Robert Michels mostró, por su parte, que incluso las organizaciones constituidas con propósitos democráticos desarrollan tendencias oligárquicas derivadas de sus propias necesidades técnicas y administrativas (Michels, 1915). Tal vez no necesariamente oligárquicas, pero sí poco democráticas.
Estos autores no explican por sí solos la complejidad contemporánea del fenómeno, pero permiten identificar una regularidad histórica: la organización tiende a producir concentración de capacidades de decisión. Puede reconocerse así una dinámica recurrente que va de la organización a la capacidad de incidencia, de esta a la institucionalización, de la institucionalización a la configuración del orden público y a la preservación de intereses y, a la postre, hacia la crisis, la circulación y la recomposición. Pero esta dinámica tiene un límite fundamental: la sociedad sobre la que actúa una élite no es una materia pasiva.
Estado, pueblo y condición civilizatoria
En los llamados Estados-civilización, la cultura no puede reducirse a una construcción de las élites ni identificarse exclusivamente con las políticas del gobierno. La cultura precede, atraviesa y sobrevive a los gobiernos y aun a ciertos Estados. Está vinculada con la memoria histórica, la lengua, el territorio, las costumbres, los símbolos, las creencias y las formas de sociabilidad y cultura. Expresa, en este sentido, una condición existencial e idiosincrática colectiva.
Las élites pueden intervenir sobre ella mediante la educación, las instituciones, las leyes, los medios y las políticas públicas; pero existe una diferencia fundamental entre incidir sobre una cultura y producirla arbitrariamente.
Una élite puede gobernar un Estado; no por ello controla íntegramente la conciencia histórica de su pueblo, ni de forma mecánica a la burocracia ni a la vida institucional. La tensión aparece cuando una élite, mediante el gobierno, desarrolla políticas públicas que contradicen profundamente elementos sustantivos de la condición civilizatoria de la población. Puede entonces producirse una fractura entre élite y gobierno, entre gobierno y pueblo y, finalmente, entre el aparato estatal y la sociedad que pretende gobernar. Así, gobernar de suyo no implica legitimidad. Esta supone una coherencia entre civilización y gobernantes.
Si existen estructuras institucionales suficientes, la disidencia puede procesarse mediante representación, negociación y reforma. Pero cuando la capacidad institucional resulta insuficiente y la imposición sustituye progresivamente a la legitimidad, el conflicto puede comenzar a socavar los mecanismos de cohesión del propio Estado y de los gobernantes en turno.
La capacidad de imponer una decisión, por tanto, no equivale necesariamente a la capacidad de producir obediencia legítima y duradera. La cultura, sin embargo, tampoco es una esencia inmutable. Las civilizaciones son procesos históricos: se transforman mediante conflictos internos, innovaciones, cambios económicos, tecnológicos, movimientos demográficos e intercambios con otras sociedades. Una civilización puede conservar elementos fundamentales de su identidad mientras modifica otros. Su cultura no es una fotografía del pasado, sino una continuidad histórica en permanente transformación y proyección al futuro.
De la primera globalización a las élites transnacionales actuales
La transformación de las escalas del poder tampoco es nueva. Desde el siglo XVI, la expansión ultramarina europea y la integración progresiva de espacios económicos anteriormente separados produjeron una primera forma de globalización mercantil y monetaria. El Galeón de Manila articuló Asia, América y Europa mediante flujos de mercancías, plata hispánica, personas e ideas.
Su importancia no fue solamente comercial. Modificó la escala de los intereses y de las capacidades de acción, permitiendo que determinados grupos desarrollaran redes económicas que excedían las fronteras de una comunidad política, y reconfiguró el rostro del globo y el inicio de la hegemonía occidental de varios siglos, cuya influencia aún se siente en el mundo contemporáneo, aunque este se encuentre en un proceso de creciente multipolaridad y sea cada vez menos de exclusividad occidental y estadounidense.
La industrialización, la expansión del capitalismo, el desarrollo financiero, el imperialismo y, posteriormente, las corporaciones transnacionales profundizaron esta tendencia durante los siglos XIX, XX y XXI. El Estado conservó territorio, soberanía jurídica e imperium; pero determinadas élites desarrollaron capacidades económicas, financieras y tecnológicas capaces de operar más allá de las fronteras.
La élite adquirió así una condición cada vez más compleja: territorial en su pertenencia política y transnacional en parte de sus relaciones e intereses. Aquí se instaura también la historia financiera de Occidente y la hegemonía de su sistema financiero, que a la fecha posee una capacidad de incidencia extraordinaria sobre la Anglosfera y particularmente sobre Estados Unidos, desde la gran banca radicada en Nueva York y, puntualmente, en Wall Street, así como la City de Londres.
Referencias
Michels, R. (1915). Political parties: A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy (E. Paul & C. Paul, Trans.). Hearst’s International Library Co.
Mosca, G. (1939). The ruling class (H. D. Kahn, Trans.; A. Livingston, Ed.). McGraw-Hill Book Company.
Pareto, V. (1935). The mind and society: A treatise on general sociology (A. Bongiorno, J. H. Rogers, & A. Livingston, Trans.). Harcourt, Brace and Company.
Weber, M. (2012). El político y el científico (F. Rubio Llorente, Trans.). Alianza Editorial.
