Poder y violencia: de la condición existencial a la constitución institucional
31 de Julio de 2026
Luis Adalberto Maury Cruz
FALANGES: Poder y violencia: de la condición existencial a la constitución institucional
Luis Adalberto Maury Cruz
lmaury_cruz@hotmail.com
Examinar la diferencia entre las categorías de poder y violencia, entendiéndolas no como opuestos morales, sino como dinámicas interdependientes, permite comprender ambas sin los atavismos del maniqueísmo. En este ensayo se sostiene que la violencia constituye una condición existencial de la humanidad, mientras que el poder representa su institucionalización y su organización política. Desde esta perspectiva, la lucha por la victoria se convierte en la categoría central para comprender la estructura de la subjetividad y del poder en la vida política; la victoria es garantizar intereses y objetivos.
El cliché de la violencia y sus usos soterrados
En la actualidad, el término violencia suele emplearse con una connotación despectiva y una carga semántica políticamente incorrecta. La presente reflexión se sitúa deliberadamente en contra de esa interpretación hegemónica. Si bien el crimen, el maltrato y la vejación constituyen manifestaciones evidentes de la violencia, ya sean cometidos por individuos, comunidades, Estados, coaliciones de Estados o instituciones diversas, también existen formas legítimas de ejercerla.
?Max Weber sostuvo que el Estado posee el monopolio de la violencia legítima. Del mismo modo, el derecho reconoce la figura de la legítima defensa; la guerra admite un uso legítimo de la fuerza militar, y algo semejante ocurre en la competencia, particularmente en el ámbito deportivo o mercantil. Todos estos casos resultan incomprensibles si se prescinde del ejercicio de la violencia entendida como uso de la fuerza. En ellos se produce un enfrentamiento entre fuerzas opuestas que, cuando respetan las reglas establecidas, permiten que prevalezca quien demuestra mayor eficacia o competencia; cuando esas reglas son transgredidas, lo que se vulnera no es únicamente al adversario, sino el propio orden del juego.
?En un plano más elemental, la vida misma implica un uso permanente de la fuerza. Vivir supone movilizar energía para actuar, transformar el entorno y preservar la propia existencia. Cuando esa fuerza desaparece, sobreviene la muerte o, al menos, el término de un proceso.
?Paradójicamente, en el contexto contemporáneo, acusar a alguien o calificar algo como violento sin prueba alguna constituye, en sí mismo, una forma soterrada de violencia que suele ocultarse bajo la máscara de la víctima. La victimización puede convertirse en un recurso de poder tan eficaz como la victoria misma. En esta Tercera Modernidad, la violencia no solo se manifiesta mediante el crimen o el maltrato evidentes, sino también a través de formas de censura, discriminación y ruptura del status quo que recurren al victimismo, a la descalificación moral y a conductas agresivo-pasivas para imponer determinados intereses.
?Reducir la violencia exclusivamente a sus manifestaciones atroces impide comprender su verdadera naturaleza. Antes que una anomalía histórica o una desviación moral, constituye una dimensión constitutiva de la experiencia humana. Solo desde este reconocimiento es posible analizar su papel en la configuración de la subjetividad y del poder político.
La violencia como condición existencial
Superada la reducción moralista del concepto, resulta posible examinar la violencia desde una perspectiva antropológica y ontológica. En el devenir de la condición humana, la violencia no se revela únicamente como un desbordamiento contingente ni como una necesidad circunstancial, sino como una condición existencial.
?En su sentido más amplio, la violencia puede entenderse como el ejercicio de la fuerza, siendo esta la energía o el trabajo necesarios para realizar una acción, alcanzar un fin o transformar una realidad determinada. Toda acción humana implica, en algún grado, la movilización de fuerza sobre uno mismo, sobre los demás o sobre el entorno. En consecuencia, la violencia constituye una condición inherente a la existencia, pues ninguna forma de acción puede prescindir completamente de ella.
?Esta definición inicial no agota el fenómeno. La violencia también comprende las formas simbólicas, discursivas e institucionales mediante las cuales una voluntad logra imponerse sobre otra. La fuerza física, la coacción jurídica, la presión económica, la persuasión estratégica e incluso la competencia constituyen expresiones diversas de un mismo fenómeno: la capacidad efectiva de modificar una realidad mediante el ejercicio de una fuerza.
?Analíticamente, la violencia puede comprenderse en tres dimensiones complementarias: como facultad, en cuanto capacidad inherente para ejercer fuerza; como ejercicio, en tanto actualización efectiva de esa capacidad mediante una acción concreta; y como efecto, referido a las transformaciones, resistencias o daños que dicha acción produce. Desde esta perspectiva, la fuerza física, la coacción, la capacidad de actuar, el ejercicio del poder, la agresión y el crimen constituyen manifestaciones concretas de la violencia, aunque no agotan todas sus manifestaciones. Algunas pueden ser legítimas o incluso necesarias para la vida personal, social e institucional; otras, por el contrario, se traducen en actos ilícitos o atroces. Lo que las distingue no es la presencia o ausencia de violencia, sino el marco ético, jurídico y político desde el cual son ejercidas y valoradas.
?Como expone Georg Wilhelm Friedrich Hegel (2010), los sujetos se enfrentan en busca de reconocimiento. Sin embargo, más que una lucha entre señores y siervos, puede sostenerse que la historia política muestra una lucha entre señores mediada por sus siervos. En ella, las élites disputan el reconocimiento y reproducen una dinámica dialéctica del poder orientada a garantizar intereses específicos. Quien consigue garantizarlos vence; quien fracasa, pierde. La lucha por el reconocimiento se convierte así en una lucha por la victoria.
?Maquiavelo, en El príncipe (2008), advertía que el poder se funda en la capacidad de emplear el consenso, la fortuna, la virtud y, cuando resulta necesario, la maldad. Todas ellas constituyen formas de acceder al poder imposibles de comprender al margen del uso de la violencia. Ese acceso representa una institucionalización de la fuerza, mediante la cual siempre se gana y se pierde, aunque no necesariamente en la misma proporción.
?Luis Villoro, en El poder y el valor (1998), muestra que la legitimidad no surge exclusivamente de la violencia, sino también de la capacidad de conferir sentido a esa fuerza. Existe, por tanto, un uso de la violencia y del poder que no solo puede ser legítimo, sino también creador y constructor de orden. Conviene recordar, sin embargo, que la legitimidad nunca se encuentra completamente desligada de valoraciones subjetivas y apreciaciones históricas. No pocas atrocidades han sido revestidas de una aparente legalidad y legitimidad.
?En el fuero individual, aquello que resulta legítimo para unos puede no serlo para otros. Sin embargo, desde la perspectiva jurídica y de la vigencia política, el poder constituye una imposición respaldada por la capacidad efectiva de hacer prevalecer una decisión, ya sea mediante el temor, el incentivo o la aceptación.
?En Pedro Páramo (1955), Juan Rulfo muestra cómo la violencia configura simultáneamente la memoria colectiva, el orden social y la subjetividad. Más que afirmar que el poder corrompe, sugiere que el ejercicio irrestricto de la violencia y del poder despoja a los individuos de sus máscaras sociales y revela las pulsiones, los intereses y los vacíos que conforman su verdadera naturaleza. La violencia no solo destruye; también produce identidades, jerarquías y formas específicas de relaciones sociales.
?Si la violencia constituye una condición inherente a la existencia humana, la cuestión siguiente consiste en comprender cómo esa condición se transforma en estructuras relativamente estables de organización política. En otras palabras, es necesario explicar de qué manera la fuerza deja de ser únicamente una condición existencial para convertirse en una institución. Esa transición conduce al problema de la institucionalización de la violencia y, con ello, al análisis mismo del Estado.
La institucionalización de la violencia
La historia del Estado es, en buena medida, la historia de sus instituciones. Estas poseen naturaleza pública e imperoatributiva y no pueden comprenderse sin la facultad coactiva ni sin una violencia institucionalizada mediante un sistema jurídico, educativo, político y económico encargado de regular la conducta humana. En consecuencia, la violencia adquiere un carácter constitutivo y necesario para el Estado cuando se institucionaliza. Del mismo modo que ocurre con la violencia, el poder puede comprenderse analíticamente en tres dimensiones complementarias: como facultad, en cuanto capacidad para influir o imponer decisiones; como ejercicio, en tanto actualización efectiva de esa capacidad; y como efecto, referido a las transformaciones que produce en las relaciones sociales e institucionales.
?La institucionalización de la violencia se hace evidente en las facultades tributarias, educativas, administrativas, policiales y penales del Estado. Ninguna de ellas puede ejercerse sin la posibilidad última de imponer coactivamente una decisión. Ello no excluye, desde luego, las atrocidades jurídicamente validadas que numerosos Estados han cometido mediante genocidios, persecuciones sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos. La institucionalización de la violencia no garantiza, por sí misma, su legitimidad; únicamente expresa la capacidad del Estado para organizar y monopolizar determinados usos de la fuerza.
?Hannah Arendt, en Sobre la violencia (1970), distingue cuidadosamente entre poder, violencia, fuerza, autoridad y vigor. Para la autora, el poder no descansa primordialmente en la coerción, sino en la capacidad de un grupo para actuar concertadamente. Surge allí donde las personas sostienen un proyecto político común y reconocen mutuamente su pertenencia a una comunidad. La violencia, por el contrario, posee un carácter instrumental: constituye un medio para alcanzar determinados fines y puede reforzar provisionalmente al poder, pero no constituye su fundamento. Según Arendt, cuando un régimen recurre de manera creciente a la violencia es porque su poder se ha erosionado y ha dejado de contar con el respaldo efectivo de quienes lo sostienen.
?La distinción analítica propuesta por Arendt resulta valiosa porque permite diferenciar conceptos que con frecuencia se utilizan indistintamente. Sin embargo, la experiencia histórica de los Estados muestra que poder y violencia mantienen una relación constitutiva. La institucionalización de la violencia supone siempre la existencia de mecanismos coactivos cuya eficacia última descansa en la posibilidad del uso de la fuerza pública. Esa posibilidad, ejercida conforme o al margen del derecho, continúa siendo violencia. El consenso, el pacto y la legitimidad explican una dimensión indispensable de la política, pero difícilmente bastan para comprender la permanencia de las instituciones sin considerar la violencia institucional como condición de la estatalidad y como fundamento permanente —aunque jurídicamente regulado— del orden político.
?Desde una perspectiva de realpolitik, la tesis de Arendt parece aproximarse más a un ideal regulador que a la lógica efectiva del ejercicio del poder. La política ciertamente puede fundarse en el pacto, pero este no presupone necesariamente el consenso pleno. Los contratos sociales, las constituciones y los acuerdos políticos se encuentran siempre condicionados por correlaciones de fuerza, por élites dirigentes y por grupos de interés que disputan la orientación del Estado. Disociar completamente la política de la violencia constituye un error; identificarlas absolutamente, una calamidad. El poder no se reduce a la violencia, pero tampoco puede comprenderse al margen de ella.
?En este sentido, el pacto puede ser consensual, pero también puede surgir del equilibrio, de la negociación o incluso de la amenaza recíproca. Lo decisivo no es la ausencia de violencia, sino la existencia de mecanismos institucionales capaces de regularla y limitarla.
?Comprender la institucionalización de la violencia implica reconocer que el Estado no elimina el conflicto; lo organiza. Las instituciones no sustituyen la lucha por el reconocimiento descrita por Hegel, sino que la canalizan mediante procedimientos relativamente estables. Las disputas entre individuos, grupos sociales, partidos políticos y élites dejan de resolverse exclusivamente por la fuerza inmediata para hacerlo mediante normas, procedimientos y órganos investidos de autoridad, —una violencia más sutil—. Sin embargo, la eficacia de esas normas continúa descansando, en última instancia, en la posibilidad de imponerlas coactivamente.
?La historia constitucional ofrece numerosos ejemplos de esta dinámica. El derecho no sustituye completamente la fuerza, sino que la racionaliza, la distribuye y procura sujetarla a principios de legalidad y legitimidad. De ahí que la violencia institucionalizada constituya, al mismo tiempo, una condición de posibilidad del orden político y un riesgo permanente para la libertad cuando deja de estar sometida a límites jurídicos y éticos.
?Por ello, en un mundo atravesado por la lucha por el reconocimiento y por la permanente confrontación de intereses, resulta pertinente comprender cómo la institucionalización de la violencia permite la permanencia de las élites, garantiza la continuidad del Estado y configura la estructura misma del poder político. Al mismo tiempo, resulta indispensable analizar de qué manera el ciudadano puede servirse de esos mismos dispositivos institucionales para defender sus derechos, limitar los excesos del poder y proteger sus propios intereses. La violencia institucionalizada no solo fortalece al Estado; también puede convertirse, bajo determinadas condiciones jurídicas y políticas, en un instrumento para la protección de la libertad.
Estado y legítima defensa
Reconocer la condición existencial de la violencia y su institucionalización no significa normalizar el crimen ni la vejación. Significa admitir que la violencia forma parte tanto de la constitución de la persona como de la organización del Estado. Esa sombra también pertenece a la condición humana; como diría Nietzsche, es "demasiado humana" para ser ignorada por la reflexión filosófica y política.
?El verdadero problema consiste, entonces, en determinar cómo defenderse de la violencia propia, de la ajena, de la ejercida por el Estado e instituciones, así como en establecer los límites legítimos de esa defensa. Nos encontramos aquí en el terreno de la ética. Sin embargo, esta no puede comprenderse exclusivamente desde los parámetros universalistas heredados de las modernidades occidentales. Debe pensarse desde la perspectiva de la Tercera Modernidad: no desde el decálogo civilizatorio de la América global, ni desde el wokismo, ni desde una supuesta universalidad indiscutible de los valores occidentales, sino desde la multipolaridad geopolítica y la pluralidad de las civilizaciones.
?Desde esta perspectiva, la cooperación, la tolerancia y el respeto, — valores ya propuestos por Villoro— permiten mantener la diversidad, que dependen precisamente de la preservación de diferencias y en pluralidad. La dignidad no reside en el individuo considerado de manera abstracta, sino en aquellas acciones que contribuyen a sostener las condiciones que hacen posible su desarrollo. La persona no es una esencia acabada; es aquello que está siendo y que, en última instancia, será juzgado por sus actos más que por su condición.
?La legitimidad tampoco consiste en la tiranía de las mayorías ni en la de las minorías. Su fundamento radica en la preservación de la diversidad real como condición de convivencia. El criterio para excluir a un grupo o a un individuo no puede ser la diferencia, sino el atentado contra la vida, el libre desarrollo de las personas y la diversidad misma. No obstante, desde la ética del poder, los acuerdos se adoptan por mayoría tanto dentro de las élites como en los regímenes políticos y solo permanecen mientras existan ejercicios efectivos de poder capaces de sostenerlos. De lo contrario, el orden político corre el riesgo de derivar en el caos o la ingobernabilidad.
?Desde la lógica de la realpolitik, los acuerdos terminan imponiéndolos quienes tienen la capacidad efectiva de hacerlo, no necesariamente quienes poseen la razón moral o jurídica. El desafío de la política consiste, precisamente, en transformar el deber en poder efectivo sin sacrificar la legitimidad que hace posible la convivencia.
?La legítima defensa consiste, por tanto, en el uso de la violencia y del poder dentro de un contexto existencial e institucional para garantizar intereses propios o el bien común. Se ejerce desde el poder efectivo y no únicamente desde el deber, aunque idealmente aquel debería surgir de este. Entre esos intereses se encuentran la vida, la seguridad y la propiedad; el bien común consiste en la concurrencia armónica de estos intereses en un contexto de diversidad política y civilizatoria.
?La realidad humana es, al mismo tiempo, creativa y destructiva. Ninguna de estas dimensiones puede comprenderse al margen de la violencia, ni desligada de los intereses y las responsabilidades que acompañan toda acción. La condición existencial de la violencia manifiesta la libertad y, con ella, la responsabilidad. Una persona no es buena porque carezca de violencia, sino porque, siendo capaz de ejercerla, la orienta hacia un proyecto de vida compatible con el libre desarrollo propio y con la preservación de la diversidad civilizatoria.
?La violencia y el poder ponen de manifiesto que el conflicto es consustancial tanto al individuo como al Estado. Es precisamente en esa condición conflictiva donde el sujeto revela su verdadera naturaleza individual, social y política, en cuanto realidad gregaria estructurada por relaciones permanentes de reconocimiento, cooperación, competencia y dominación.
Algunas conclusiones
Las implicaciones teóricas de este análisis son profundas. Al reconocer la violencia como una condición existencial del sujeto y constitutiva del Estado, se desmitifica la idea de un poder neutral y se revela su carácter histórico y permanente.
?La negación de la violencia y su comprensión exclusivamente peyorativa, lejos de propiciar un desarrollo pacífico, encubre una forma soterrada de violencia que niega la propia condición humana. La violencia y el poder, desprovistos de un fundamento ético sustentado en la pluralidad civilizatoria y la dignidad humana, se convierten en atrocidad subjetiva y crimen de Estado.
?Desde una perspectiva práctica, ello implica que las políticas de justicia, cohesión social y política exterior deben reconocer esta base conflictiva, transformando el control en una legitimidad renovada. De este modo, no solo se reconfigura la comprensión de la persona, el poder y el Estado, sino también las posibilidades de una política orientada a la autonomía, la pluralidad y la justicia.
Referencias
Arendt, H. (1970). Sobre la violencia. Seix Barral.
Hegel, G. W. F. (2010). Fenomenología del espíritu (J. S. Millán, Trad.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1807).
Maquiavelo, N. (2008). El príncipe. Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1532).
Rulfo, J. (1955). Pedro Páramo. Fondo de Cultura Económica.
Villoro, L. (1998). El poder y el valor. Fondo de Cultura Económica y El Colegio de México.
