SENTIDO COMÚN
Gabriel García-Márquez

EL DOBLE FILO DE ELEVAR EL SALARIO MÍNIMO

19 de Noviembre de 2026

Gabriel García-Márquez


Ganar más dinero en el trabajo no necesariamente significa vivir mejor, particularmente cuando el incremento de los ingresos no alcanza para compensar el encarecimiento de los productos y servicios que forman parte de la economía familiar.
La discusión sobre el salario mínimo para 2027 ha comenzado y, como sucede cada año, las posiciones entre sindicatos, empresarios y Gobierno empiezan a marcar sus diferencias. Mientras las organizaciones obreras plantean un incremento de hasta 12 por ciento, los representantes del sector empresarial buscan moderar el ajuste y mantenerlo en un dígito.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) tendrá la responsabilidad de encontrar un punto de equilibrio, para establecer el nuevo ingreso mínimo que entrará en vigor el próximo primero de enero.
El salario mínimo general vigente durante 2026 es de 315.04 pesos diarios (9,451.20 mensuales). Si prosperara la propuesta sindical de aumentar 12 por ciento, llegaría a 352.84 pesos (10,585.20 al mes). Una diferencia que representa un beneficio para quienes dependen de ese ingreso.
Sin embargo, la discusión no debería limitarse a determinar cuánto más recibirán los trabajadores o empleados. También tendría que considerar quiénes tendrán que pagar ese incremento y si todos los EMPLEADORES cuentan con capacidad económica para hacerlo.
EL OTRO LADO DE LA MONEDA
Es indiscutible que los trabajadores necesitan mejores ingresos. Durante años, el salario mínimo perdió capacidad adquisitiva y su recuperación constituye una medida necesaria para mejorar las condiciones de vida de millones de familias mexicanas.
Sin embargo, mientras las grandes empresas cuentan con estructuras financieras que les permiten absorber determinados incrementos, existe otro universo empresarial que pocas veces aparece en el centro de estas discusiones: los pequeños comercios, talleres, fondas, papelerías y miles de profesionistas independientes que sobreviven con márgenes de utilidad muy reducidos.
Pensemos en un comerciante que tiene dos o tres empleados. Sus ingresos apenas alcanzan para cubrir renta, electricidad, proveedores, impuestos y nómina. Para ellos aumentar los salarios no significa solamente entregar más dinero a sus trabajadores, sino enfrentar un costo laboral que va mucho más allá del sueldo nominal.
Si sus ingresos no crecen al mismo ritmo que sus obligaciones, tendrán que buscar alternativas para mantener abierto su negocio: reducir sus propias ganancias, aumentar precios, endeudarse o, en el peor de los casos, despedir trabajadores y cargarle la mano a los que se quedan.
EL SALARIO NO ES EL ÚNICO COSTO
Hay un aspecto que debe explicarse con claridad: contratar a un trabajador cuesta más que el salario que recibe, porque cuando existe una relación laboral formal, el patrón debe cubrir las cuotas correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, las aportaciones al INFONAVIT y otras obligaciones establecidas por la legislación.
También debe considerar aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y demás prestaciones laborales y en ocasiones reparto de utilidades si es que las hay.
Las cuotas de seguridad social se calculan tomando como referencia el salario base de cotización, por lo que un incremento salarial también repercute en las obligaciones patronales.
Por eso resulta equivocado pensar que un aumento de 12 por ciento al salario representa únicamente 12 por ciento más de gasto en nómina. El impacto real debe considerar las prestaciones y las obligaciones de seguridad social.
Para una empresa con muchos trabajadores, el incremento puede distribuirse entre sus distintas áreas de operación. Para un negocio familiar con dos o tres empleados, puede convertirse en una presión financiera difícil de resolver.
EL RIESGO DE DESTRUIR EMPLEOS
Aquí aparece una contradicción que las autoridades y los representantes sindicales deberían analizar: el propósito de aumentar el salario mínimo es mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, pero si el incremento rebasa la capacidad de pago de determinados negocios, puede provocar precisamente lo contrario: menos empleos formales, mayor informalidad y cierre de establecimientos. No todos los pequeños empresarios son grandes capitalistas. Muchos invirtieron sus ahorros, adquirieron deudas o arriesgaron el patrimonio familiar para abrir un negocio y generar dos o tres fuentes de trabajo.
Mientras tanto, tienen que competir con cadenas comerciales y establecimientos que cuentan con mayores recursos, además de enfrentar los costos de operación y las obligaciones fiscales y laborales.
Por eso el pequeño empleador muchas veces tiene que reducir su plantilla, dejar de contratar o cerrar sus puertas. Y cuando un negocio desaparece, no solamente pierde el propietario: también sus trabajadores, sus familias, sus proveedores y la comunidad que dependía de esa actividad económica.
UN AUMENTO CON RESPONSABILIDAD
El Gobierno tiene una responsabilidad que va más allá de anunciar incrementos salariales. Debe procurar que la recuperación del ingreso de los trabajadores sea compatible con la permanencia de las fuentes de empleo.
La solución no consiste en congelar los salarios ni en condenar a los trabajadores a percibir ingresos insuficientes. Tampoco se trata de exentar a los pequeños empresarios de sus responsabilidades laborales. Se trata de reconocer que no puede exigirse el mismo esfuerzo financiero a una corporación con cientos de empleados que a una pequeña empresa que apenas consigue sostener dos o tres puestos de trabajo.
La negociación salarial debería acompañarse de medidas específicas para proteger a las micro y pequeñas empresas: incentivos fiscales temporales, apoyos para enfrentar el incremento de las cuotas patronales del Seguro Social, facilidades administrativas y programas de financiamiento que permitan mejorar la productividad sin sacrificar empleos.
GANAR MÁS Y CONSERVAR LOS EMPLEOS
La discusión sobre el salario mínimo para 2027 no debería convertirse en una competencia para determinar quién propone el porcentaje más elevado. Debe ser un ejercicio de responsabilidad económica y social.
Los trabajadores merecen un salario digno, pero también conservar el empleo de los demás. Los pequeños empresarios necesitan condiciones para cumplir con sus obligaciones sin tener que sacrificar su patrimonio o despedir a quienes les ayudan a mantener abierto su negocio, porque no hay justicia social cuando se mejora el ingreso de unos a costa de dejar sin trabajo a los demás.
El verdadero reto consiste en recuperar el poder adquisitivo, contener la inflación, fortalecer el empleo formal y evitar que los pequeños negocios terminen pagando una factura que no pueden cubrir. Porque de poco sirve anunciar que el salario mínimo aumentó si, para poder pagarlo, miles de establecimientos tienen que despedir trabajadores o cerrar sus puertas.
El objetivo debe ser que los trabajadores ganen más, pero que las empresas también tengan condiciones para seguir produciendo, vendiendo y contratando gente.

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