Justicia a la Trayectoria de los trabajadores del Estado: Se diluye en el IPE???
10 de Noviembre de 2026
Francisco L. Carranco
Francisco L. Carranco. La incertidumbre que ensombrecía el futuro de miles de trabajadores veracruzanos ha encontrado un puerto de justicia: El frente común y la dignidad inquebrantable de más de 68 organizaciones sindicales que no cayeron en el vacío ni se archivaron en la frialdad de las gavetas legislativas y administrativas, unidos Alzaron la voz y funcionó.
Tras mesas de trabajo entre las organizaciones sindicales, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y el Consejo Directivo del IPE, se frenó este esquema que provocaba reducciones de entre el 5% y hasta el 40% en las pensiones.
La contundente movilización de la base trabajadora encontró una respuesta de genuina sensibilidad institucional en la Gobernadora Rocío Nahle García, quien, con firmeza política, tomó la determinación de dejar sin efecto la polémica figura del "Sueldo Regulador" en el cálculo de las jubilaciones.
El acuerdo alcanzado ratifica que la justicia social y humanitaria prevalece sobre las fórmulas tecnocráticas unilaterales, con las que el IPE, pretendía arrebatar hasta el 40% del salario de retiro a quienes entregaron su vida entera al servicio de Veracruz.
Este logro histórico fue recibido con profundo beneplácito por la comunidad de jubilados y por aquellos que están en el umbral del retiro; esa unión de todos los sindicatos al servicio del Estado no exige privilegio, sino el respeto absoluto a más de 30 años de aportaciones constantes, sudor y experiencia de un sector de empleados que, legítimamente rebasa los 60 y 70 años de edad.
Con esta rectificación profunda, las pensiones vuelven a alinearse con el sistema escalafonario histórico correspondiente, devolviendo la certidumbre a los hogares de la entidad, con ello, el gobierno de Veracruz demuestra que el pacto democrático sigue vivo cuando se escucha a las mayorías y se asume que el bienestar de la vieja burocracia no es un lastre presupuestal, sino una deuda de honor.
Bajo este supuesto los 68 sindicatos unidos, insisto, antepusieron el dialogo para defender el derecho a la jubilación digna y, en teoría y con buenos deseos, se logró el acuerdo y la promesa que en breve, será oficializado por el estado para que los trabajadores se jubilen con el sueldo que devenguen con la última categoría adquirida como empleado estatal.
Sin embargo, el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE) parece haber decidido, con una tecnicidad fría, que jubilarse sea castigar la vida laboral de los jubilados, si no se puede aplicar el sueldo regulador se aplicarán los vericuetos de la propia ley (modalidad 5, 20 y 287), para reducir el monto que los pensionados recibirán como pago de pensión, a como de lugar,.
La tendencia del IPE para ahorrar recursos con los recortes a la pensión derivan para proteger a la institución que, obviamente, tiene costos de operación por la administración de las aportaciones de los burócratas, sin embargo, también tiene la alta responsabilidad de proteger el ocaso de los jubilados que, ante la aplicación del sueldo regulador optan por permanecer en sus puestos antes de aceptar la reducción salarial.
Lo que convierte la jubilación en una cuenta regresiva que obliga a trabajadores con décadas de servicio a postergar el retiro o a resignarse a una vejez empobrecida o prever una inversión para contratar un abogado y demandar al IPE y/o al Gobierno para proteger su ingreso por purita sobrevivencia. Eso no solo era injusto: era inaceptable desde cualquier estándar de decencia pública.
Lo que se vive en oficinas, sindicatos y hogares veracruzanos no es una media aritmética contable, era una angustia real, una inquietud que emergió y se hizo visible porque las políticas y la propia Ley del IPE estaban sujetas a interpretaciones radicales aplicadas retroactivamente vulnerando los derechos de los trabajadores.
Al menos los 68 sindicatos y grupos de candidatos a jubilación se unieron para presentar oficios al Congreso del Estado; reclamaron claridad, transparencia y reversión de procedimientos que, decían, lesionaban derechos adquiridos.
La gobernadora Nahle, reaccionó con esa movilización y por el eco público, instruyendo originalmente a la Secretaría de Finanzas y a la Contraloría para que intervinieran y revisaran los procesos administrativos del instituto, un paso que ha sido el inicio de esta rectificación profunda.
La mecánica del Sueldo Regulador merecía explicación y rechazo, ya que fue presentado como una fórmula técnica para ajustar montos conforme a criterios internos, pero en la práctica operaba como una tijera que cortaba la base contributiva y minimizaba años de servicio, categorías y percepciones adicionales que históricamente integraban la pensión.
El resultado era brutal, jubilados que, tras entregar la mayor parte de su vida al servicio público, veían reducido su ingreso hasta en casi la mitad. No era creíble que una política así no tuviera consecuencias sociales inmediatas, por ejemplo, aumento de la vulnerabilidad económica, mayor dependencia familiar y presión sobre servicios de salud y asistencia social.
Desde la perspectiva jurídica había sombras. Las normas que rigen las pensiones públicas deben respetar principios de seguridad jurídica y derecho adquirido. Cualquier cambio en la forma de calcular prestaciones requiere no solo argumentos técnicos sólidos, sino procesos transparentes, participación sindical y retroactividad limitada.
Si la aplicación del Sueldo Regulador fue impuesta de forma unilateral, de modo administrativo y sin el debido diálogo, estábamos ante una irregularidad que merecía fiscalización y, de ser el caso, reversión, ya que se violentaban derechos protegidos por las leyes.
Económicamente, el argumento recurrente —que hay insuficiencia financiera del sistema— no exime la obligación de proteger a las personas; la solución no podía ser descargar el ajuste sobre la espalda del trabajador y del jubilado.
Debían existir alternativas, como bien señaló la Gobernadora, por lo que la revisión de la estructura administrativa del instituto para eliminar gastos innecesarios, la mejora en la gestión de inversiones del fondo, las auditorías para detectar fugas y, en último término, una política de aporte solidario temporal por parte de la Federación y Estado quienes deben garantizar que las pensiones no caigan por debajo de umbrales dignos de supervivencia.
El discurso tecnocrático que reduce todo a “sostenibilidad” sin considerar el rostro humano es una máscara aceptable para la inacción que se debe combatir sin abusar de la indefensión de cada jubilado. No se podía permitir la omisión de los sindicatos para que cada pensionado o jubilado enfrentara solo las determinaciones del IPE, obligando a estos últimos a recurrir a demandas y apoyos jurídicos que sólo entorpecían el anhelado retiro del burócrata que ya cumplió su vida laboral según la Ley.
La gobernadora, Rocío Nahle, dio la instrucción correcta al ordenar la intervención de Finanzas y la Contraloría, y la voluntad política ha transformado esa instrucción en resultados tangibles. La rendición de cuentas debe ser completa: auditorías públicas, publicación de las metodologías y cálculos utilizados por el instituto, y la restitución de montos cuando se compruebe daño, en caso de que los hubiera, con el fin de proteger la reserva técnica del IPE.
También es imprescindible que el Estado asuma su responsabilidad histórica en la protección de quienes dedicaron su vida al servicio público, porque en ocasiones parece que son los últimos del vagón considerados un lastre, por haberse convertido en la vieja burocracia.
Suburbio 1
Veracruz ha demostrado que el sueldo regulador no decidirá el destino de sus trabajadores.
Suburbio 2
Varios días han pasado, y, ya se oficializó...?
