La pensión no debe ser un castigo
05 de Julio de 2026
Francisco L. Carranco
POR: Francisco L. Carranco. El Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE) parece haber decidido, con una tecnicidad fría, que jubilarse sea castigar la vida laboral con la reciente aplicación del llamado Sueldo Regulador, que en muchos casos reduce la prestación hasta en 40% respecto al último salario y a la base de cálculo por categoría, y lo que recibirá menos el pensionado.
Lo anterior, convierte la jubilación en una cuenta regresiva que obliga a trabajadores con décadas de servicio a postergar el retiro o a resignarse a una vejez empobrecida. Eso no solo es injusto: es inaceptable desde cualquier estándar de decencia pública.
Lo que hoy se vive en oficinas, sindicatos y hogares veracruzanos no es una media aritmética contable, es una angustia real, una inquietud que emerge y se hace visible porque las políticas y la propia Ley del IPE, esta a sujeta a interpretaciones radicales aplicadas retroactivamente y sin consenso con las agrupaciones sindicales vulnerando los derechos de los trabajadores.
Al menos 60 sindicatos y grupos de candidatos a jubilación se han unido para presentar oficios al Congreso del Estado; reclaman claridad, transparencia y reversión de procedimientos que, dicen, lesionan derechos adquiridos.
La gobernadora, Nahle, ha reaccionado con esa movilización y por el eco público, instruyó a la Secretaría de Finanzas y a la Contraloría para que intervengan y revisen los procesos administrativos del instituto, la intervención de la mandataria estatal es un paso necesario, importante, pero, apenas es el inicio de lo que debe ser una rectificación profunda.
La mecánica del Sueldo Regulador merece explicación y rechazo, ya que fue presentado como una fórmula técnica para ajustar montos conforme a criterios internos, en la práctica opera como una tijera que corta la base contributiva y minimiza años de servicio, categorías y percepciones adicionales que históricamente integraban la pensión.
El resultado es brutal: jubilados que, tras entregar la mayor parte de su vida al servicio público, ven reducido su ingreso hasta en casi la mitad, no es creíble que una política así no tenga consecuencias sociales inmediatas, por ejemplo, aumento de la vulnerabilidad económica, mayor dependencia familiar y presión sobre servicios de salud y asistencia social.
Desde la perspectiva jurídica hay sombras. Las normas que rigen las pensiones públicas deben respetar principios de seguridad jurídica y derecho adquirido. Cualquier cambio en la forma de calcular prestaciones requiere no solo argumentos técnicos sólidos, sino procesos transparentes, participación sindical y retroactividad limitada.
Si la aplicación del Sueldo Regulador fue impuesta de forma unilateral, de modo administrativo y sin el debido diálogo, estamos ante una irregularidad que merece fiscalización y, de ser el caso, reversión, ya que se violentan derechos protegidos por las leyes.
La intervención de la Contraloría es urgente para determinar si hubo procedimientos indebidos, omisiones en la notificación o cálculos erróneos que perjudican a los pensionados y a los que están a punto den jubilarse.
Económicamente, el argumento recurrente —que hay insuficiencia financiera en el sistema— no exime la obligación de proteger a las personas, la solución no puede ser descargar el ajuste sobre la espalda del trabajador y del jubilado.
Deben existir alternativas, como bien señala la Gobernadora, por lo que la revisión de la estructura administrativa del instituto para eliminar gastos innecesarios, y mejora en la gestión de inversiones del fondo, auditorías para detectar fugas y, en último término, una política de aporte solidario temporal por parte de la Federación y Estado que garantice que las pensiones no caigan por debajo de umbrales dignos de supervivencia.
El discurso tecnocrático que reduce todo a “sostenibilidad” sin considerar el rostro humano es una máscara aceptable para la inacción que se debe combatir sin abusar de la indefensión de cada jubilado y omisión de los sindicatos para que cada pensionado o jubilado enfrente solo las determinaciones del IPE, obligando a estos últimos a recurrir a demandas y apoyos jurídicos que sólo entorpecen el anhelado retiro del burócrata que ya cumplió su vida laboral según la Ley.
El fenómeno social es claro tras las disposiciones de las reformas a la ley del IPE, obligando a los trabajadores que, ahora, optan por retrasar su jubilación para evitar la reducción salarial a su pensión, visibilizando que son víctimas de una aberración administrativa.
¿Qué mensaje les damos a quienes sostuvieron a las instituciones con su trabajo y experiencia? Acaso responderemos, que lo hicieron en vano, que su sacrificio puede ser rebajado con una firma. No es un mensaje que pueda sostener un gobierno serio. La legitimidad de la administración pública depende, entre otras cosas, de cómo trata a los que ya no pueden seguir en la trinchera laboral.
Las demandas de los 60 sindicatos y grupos de candidatos a jubilación no son caprichos corporativistas, son llamados de alarma desde la base de la función pública; el Congreso del Estado está obligando a escucharlos, los oficios entregados no deben archivarse en gavetas deben de ponderar a ese grupo social que no tendrá liquidez para lo más indispensable para su supervivencia.
Corresponde legislar, entonces, con urgencia medidas que protejan a los futuros y actuales pensionados, establecer mecanismos de revisión de los cálculos y sancionar cualquier abuso administrativo.
Además, se necesita crear mesas de trabajo donde participen representantes sindicales, técnicos actuariales independientes, la Secretaría de Finanzas y la Contraloría y los propios interesados para acordar un camino que garantice tanto la viabilidad financiera como el derecho a una pensión digna.
La gobernadora, Rocío Nahle, dio la instrucción correcta al ordenar la intervención de Finanzas y la Contraloría, ahora falta voluntad política para transformar esa instrucción en resultados tangibles, la rendición de cuentas debe ser completa: auditorías públicas, publicación de las metodologías y cálculos utilizados por el instituto, y la restitución de montos cuando se compruebe daño, en caso de que los hubiera, con el fin de proteger la reserva técnica del IPE.
También es imprescindible que el Estado asuma su responsabilidad histórica en la protección de quienes dedicaron su vida al servicio público, porque en ocasiones parece que son los últimos del vagón considerados un lastre, por haberse convertido en la vieja burocracia.
Veracruz no puede permitirse un escenario donde jubilarse sea sinónimo de empobrecimiento, la protección social no es un gasto indispensable, sino un compromiso del pacto democrático, si el IPE necesita reformas estructurales, que las haya, pero que no inicien estrangulando a quienes ya aportaron lo suyo.
Para que la palabra “pensión” recupere su sentido humano, las autoridades deben actuar con prontitud, transparencia y justicia, los pensionados son un grupo social que el estado debe proteger con una pensión justa correspondiente al sistema escalafonario y a las propias aspiraciones de obtener una jubilación justa, que les alcance en el último tramo de su vida.
¿O el estado va a permitir que el sueldo regulador decida el destino económico del resto de la vida de miles de veracruzanos? La respuesta debe ser rotunda: ¡no!.
Suburbio 1
Los pensionados y jubilados no están en desacuerdo que la Contraloría revise y ajuste las pensiones doradas que las elites burocráticas actualmente cobran y disfrutan, mientras al resto de los derechohabientes del IPE, sufren consecuencias…
