LOS VERDADEROS RESPONSABLES EN EL INTEROCEANICO
01 de Febrero de 2026
Gabriel García-Márquez
El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Nizanda, Oaxaca, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 y que dejó 14 personas fallecidas y casi un centenar de heridos, no solo fue una tragedia humana, sino también un síntoma de cómo operan la transparencia y la responsabilidad en las grandes obras del Estado. Mientras la investigación avanza, la narrativa oficial ha tendido a proteger estructuras y decisiones de nivel superior, sin abordar con claridad lo que realmente pudo fallar en el diseño y gestión del proyecto.
EL ESLABÓN OPERATIVO SEÑALADO
En los primeros días del 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que la principal causa del accidente fue el exceso de velocidad, y centró su indagatoria en la operación humana. Según el ente fiscal, el tren circulaba a 65 km/h en una curva con límite de 50 km/h y llegó a alcanzar 91 km/h en tramos rectos, por lo que se inició una carpeta por homicidio culposo y lesiones también culposas, con detenciones de operadores ferrocarrileros vinculados a la tragedia.
Pero la figura más visible señalada a un supuesto conductor, hoy detenido, que no era maquinista, sino garrotero de camino, un puesto operativo subordinado que no tenía a su cargo la conducción ni las decisiones técnicas sobre la infraestructura ferroviaria. Esa contradicción ha puesto en el centro una pregunta mayor: ¿por qué el foco está en la operación y no en las decisiones de fondo?
La detención de Felipe de Jesús Díaz Gómez se realizó el 26 de enero de 2026 en Palenque, Chiapas, por agentes de la Policía Federal Ministerial, y fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, en el marco de la investigación que encabeza la Fiscalía General de la República (FGR).
Registros de la plataforma Nómina Transparente de la Administración Pública Federal confirman que Díaz Gómez percibía un salario bruto mensual de 24,545.08 pesos, con un ingreso neto aproximado de 19,636.06 pesos. Asimismo, constan cursos obligatorios acreditados en 2025.
En su declaración patrimonial, indicó que ingresó al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec el 26 de mayo de 2014, no poseía bienes inmuebles ni inversiones, y que su nivel máximo de estudios era secundaria, cursada en la Escuela Secundaria Técnica 109 con formación técnica en informática.
SHEINBAUM Y LA PROMESA DE “HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS”
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado en varias ocasiones que las investigaciones deben llegar “hasta las últimas consecuencias” para deslindar responsabilidades y ofrecer justicia a las víctimas. En su conferencia de prensa matutina, señaló que la FGR debería hacer “una investigación responsable” con expertos en vías, locomotoras y otros especialistas necesarios para determinar qué falló y, de existir anomalías, “se revisarán los antecedentes y se podrían fincar responsabilidades a funcionarios públicos”.
Sheinbaum también destacó la necesidad de certificar internacionalmente la seguridad de la vía antes de reanudar operaciones y subrayó que lo central es concluir el dictamen técnico que permita esclarecer qué ocurrió y que, solo a partir de ese análisis, se deslinden responsabilidades.
En otros pronunciamientos, la mandataria afirmó que las vías del Tren Interoceánico “contaban con certificados de seguridad” y que se habían cumplido “todos los requisitos técnicos” antes del accidente, defendiendo la legitimidad de la obra y rechazando críticas que calificó de intentos por “denostar” la gestión.
Durante las primeras semanas posteriores al siniestro, Sheinbaum también hizo hincapié en la atención a las víctimas y el apoyo a sus familias, recordándoles que no era indispensable presentar una denuncia penal para recibir atención, porque la propia fiscalía ya había abierto una carpeta de investigación para determinar responsabilidades.
EL SILENCIO INSTITUCIONAL SOBRE LA INFRAESTRUCTURA
A pesar de estas declaraciones, no ha habido pronunciamientos oficiales que reconozcan públicamente problemas de diseño o fallas en la reconversión de la vía ferroviaria. Las explicaciones oficiales se han centrado en la operación, sin que se transparenten informes técnicos sobre el estado real de las vías, su capacidad para soportar trenes de pasajeros o las decisiones que llevaron a autorizar su uso sin rediseño integral.
Esa omisión ha alimentado la percepción de que existe una estrategia para proteger a la empresa ferroviaria y a quienes participaron en la adaptación de la infraestructura originalmente pensada para carga, evitando que la investigación señale decisiones administrativas y de ingeniería estructurales.
EL RELATO OFICIAL FRENTE A LAS DUDAS PÚBLICAS
Mientras la Fiscalía justifica su enfoque en exceso de velocidad y descarta fallas técnicas, presentando el resultado de sus primeras indagatorias como clave para responsabilizar a operadores, sectores de la sociedad civil, especialistas y familiares de las víctimas han exigido una investigación técnica externa e independiente que examine la infraestructura y la planeación del proyecto.
La falta de informes públicos claros sobre la condición real de la vía y la ausencia de señalamientos a quienes decidieron reconvertirla sin rediseño profundo, un paso crítico para garantizar que cumpliera con estándares de seguridad para pasajeros, ha generado una grieta entre el discurso oficial y las expectativas de transparencia.
EL RETO DE LA VERDAD EN UN PROYECTO EMBLEMÁTICO
La presidenta Sheinbaum ha afirmado repetidamente su compromiso de que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias y que se deslinden responsabilidades con base en peritajes técnicos y jurídicos. Sin embargo, el enfoque en la operación humana sin examinar públicamente las decisiones estructurales del proyecto contribuye a la percepción de que la verdad se detiene antes de alcanzar a los responsables de fondo.
La tragedia del Tren Interoceánico no puede quedar reducida a un error operativo. Si realmente se quiere honrar la memoria de las víctimas y garantizar que no ocurran accidentes similares, es indispensable que la investigación incluya y haga públicos los dictámenes sobre la infraestructura, las certificaciones técnicas y las decisiones que llevaron a poner en funcionamiento vías originalmente diseñadas para otro uso.
Solo entonces podrá decirse que la verdad no se detuvo en los niveles operativos, sino que llegó hasta las últimas consecuencias, tal como lo ha pedido la propia jefa del Ejecutivo, enfrentando el núcleo de las decisiones que permiten tragedias como esta.
En paralelo a la investigación penal, la Fiscalía General de la República informó que adoptó una serie de medidas para la atención directa a los familiares de las víctimas en Oaxaca y Veracruz, entidades de donde provenía la mayoría de los pasajeros. La FGR aseguró que se brindaron todas las facilidades legales, administrativas y humanas para que las familias pudieran acceder a la carpeta de investigación, recibir acompañamiento jurídico, apoyo psicológico y orientación para los trámites ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. De acuerdo con la propia fiscalía, no fue necesario que los deudos presentaran denuncias individuales, ya que la investigación se inició de oficio, con el compromiso, según sus palabras, de garantizar verdad, justicia y reparación integral del daño. Ojalá que estas declaraciones se conviertan en realidad.
