El secreto mejor guardado: La declaración patrimonial
05 de Junio de 2026
Jorge Ramón Rizzo
Focus Group
El secreto mejor guardado: La declaración patrimonial
Por Jorge Ramón Rizzo*
La declaración patrimonial anual de funcionarios se ha convertido en el secreto mejor guardado del servicio público. En pleno 2026, el mes de mayo volvió a fungir como el plazo fatal para que millones de servidores públicos rindieran cuentas. El gran problema, más allá de la burocracia, es que este ejercicio de transparencia parece operarse bajo la política del susurro.
Cada año ocurre el mismo fenómeno: La Ley General de Responsabilidades Administrativas nos dice que todo servidor público debe reportar sus bienes, ingresos y posibles conflictos de interés; sin embargo, la publicidad que rodea a este magno evento es tan intensa como la de un anuncio clasificado en la sección menos leída del periódico.
Si la baja publicidad no fuera suficiente para desincentivar el cumplimiento, el diseño de las plataformas digitales se encarga de rematar la tarea, ya que los portales oficiales de rendición de cuentas parecen programados con la tecnología del siglo pasado, usando contraseñas que fenecen, saturación que bloquea el sistema, y formatos con especificaciones de risa. Este año vimos, por ejemplo, cómo la Contraloría General del Estado de Veracruz extendió el plazo hasta el 30 de junio para aliviar el colapso de sus sistemas.
En teoría, la declaración patrimonial es la piedra angular del sistema anticorrupción, diseñado para evitar que los funcionarios tengan ingresos inexplicables o casas de ensueño que no cuadran con su sueldo. En la práctica, se vive como un trámite engorroso que sirve principalmente para amenazar al trabajador promedio con sanciones económicas, destituciones o inhabilitaciones.
Porque cuando un alto funcionario "olvida" declarar una residencia de lujo, colecciones de arte o empresas a nombre de familiares cercanos, el trámite se convierte en un simple "error de captura" o una "omisión involuntaria". Para ellos, el sistema ofrece una flexibilidad asombrosa, permitiendo correcciones extemporáneas sin un solo rasguño a sus carreras públicas.
Pero si un maestro de escuela, un policía municipal o un chofer administrativo olvida declarar una cuenta de ahorros de mil pesos o se pasa de la fecha límite por un día, la maquinaria de los Órganos Internos de Control (OIC) se activa de inmediato. Se abren expedientes de investigación, se envían requerimientos firmados con sellos imponentes y se amaga con la inhabilitación del cargo. El sistema funciona con una precisión quirúrgica cuando el infractor no tiene padrinos políticos.
Para que tengan ustedes un punto de comparación, déjeme contarle que en Estados Unidos hacen un cruce directo e inmediato con el fisco para detectar discrepancias en tiempo real. O en Noruega, donde la transparencia es cultural y la presión de la opinión pública previene el enriquecimiento ilícito. Mientras que en México ¡No pasa absolutamente nada!.
Dicho lo anterior, puedo externar que la paradoja mexicana es clara: Creamos leyes complejas y plataformas confusas, las publicitamos en voz baja y terminamos persiguiendo al burócrata promedio para simular que combatimos la corrupción, mientras los verdaderos peces gordos nadan tranquilos en la opacidad.
Si de verdad se quisiera fomentar un sentido crítico y una verdadera rendición de cuentas, la declaración patrimonial no estaría escondida en oscuros portales de internet. Debería ser un ejercicio ciudadano, accesible, publicitado con orgullo y, sobre todo, claro para el escrutinio público.
Años después de las reiteradas propuestas para combatir la corrupción y generar transparencia, seguimos en el mismo punto de partida que hace décadas: ¿Cómo vigilamos el dinero público?. Y seguimos viviendo en un sistema sin consecuencias. La declaración patrimonial se ha convertido en el "Monstruo del Lago Ness" en la política, ya que todos saben que existe, pocos la han visto a detalle y a nadie le conviene que nade cerca de la superficie.
El contraste con el que quiero concluir ésta entrega, es el castigo al burócrata de a pie contra el blindaje a la alta burocracia; sin olvidarnos de la experiencia técnica, que para burla de todo el pueblo de México, goza de autorización de aplazamientos para flexibilizar cumplimiento
Estamos frente a la simulación ideal, donde la ley se cumple en papel pero no en el escrutinio público. El pasado 31 de mayo venció el plazo para que millones de servidores públicos entregaran su declaración patrimonial y de intereses. Sin embargo, a juzgar por la nula campaña mediática, parecía que el gobierno prefería mantener la fecha en el mismo nivel de confidencialidad que la fórmula del refresco de cola.
*Periodista/Tlaxcala
