EN MÉXICO TODOS DEBEMOS IDENTIFICARNOS
18 de Mayo de 2026
Gabriel García-Márquez
A partir de enero de 2026, México entró en una nueva etapa de control sobre la telefonía móvil. Ahora, cualquier persona que tenga una línea celular, ya sea de prepago, pospago, eSIM o incluso un chip comprado hace años, deberá registrarla oficialmente antes del 30 de junio de 2026 o enfrentar la suspensión total del servicio.
La medida, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), pretende combatir delitos cometidos mediante números telefónicos anónimos. En teoría, la lógica parece sencilla: si cada línea está vinculada a una identidad real, disminuirían las extorsiones, fraudes y otros delitos que utilizan celulares desechables para operar desde la sombra.
Pero en México, cada vez que el gobierno pide datos personales, inevitablemente aparece una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega la seguridad y dónde comienza la vigilancia?
REGISTRO OBLIGATORIO DE CELULARES: ENTRE LA SEGURIDAD Y LA SOSPECHA CIUDADANA
La historia reciente explica buena parte de la desconfianza ciudadana. En 2022, el intento de crear un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil terminó siendo declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a las preocupaciones sobre privacidad y protección de datos biométricos.
Ahora las autoridades aseguran que el nuevo esquema es distinto. Dicen que no se pedirán huellas digitales, reconocimiento facial ni escaneo de iris. Solamente CURP, identificación oficial y una validación tipo “selfie” para comprobar que la persona coincide con sus documentos.
Sin embargo, para millones de mexicanos el problema no es solamente qué datos se entregan, sino quién los resguarda, cómo se utilizan y qué tan vulnerables están ante filtraciones, hackeos o usos indebidos.
El Gobierno de México no tiene precisamente un historial impecable en protección de bases de datos.
EL CIUDADANO COMÚN, OTRA VEZ OBLIGADO A CUMPLIR
Las propias cifras oficiales revelan que el proceso avanza mucho más lento de lo esperado. De acuerdo con datos difundidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), hasta mediados de mayo de 2026 apenas se habían registrado alrededor de 48 millones de líneas celulares, lo que representa cerca del 33% del total nacional. Semanas antes, el avance apenas rondaba entre el 17% y el 20%, lo que evidencia la resistencia, desconfianza y falta de información que todavía existe entre millones de usuarios. A menos de mes y medio del vencimiento del plazo, el gobierno enfrenta el enorme desafío de regularizar más de dos terceras partes de las líneas activas del país.
Como suele ocurrir, la carga administrativa termina cayendo sobre la población. El mensaje es contundente: quien no registre su línea antes del 1 de julio de 2026 perderá prácticamente todo el acceso al servicio telefónico. Solo podrá llamar al 911 o comunicarse con su compañía para regularizarse.
Eso significa quedarse sin llamadas, mensajes, datos móviles y acceso cotidiano a herramientas que hoy son indispensables para trabajar, estudiar o simplemente vivir conectado.
La medida no distingue edades, antigüedad del número ni tipo de plan. Incluso los usuarios de prepago, muchos de ellos en sectores populares, deberán cumplir el trámite.
Y aquí surge otra realidad: en un país donde millones de personas realizan trámites digitales con dificultad, pedir selfies, cargas de documentos y validaciones electrónicas puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza.
LA SEGURIDAD PÚBLICA NO PUEDE DESCANSAR SOLO EN REGISTROS
Es evidente que el crimen organizado y las redes de fraude o extorsión utilizan la telefonía móvil como herramienta. Nadie discute eso. Lo cuestionable es pensar que un registro obligatorio resolverá por sí solo un problema estructural de seguridad.
Los delincuentes siempre encuentran mecanismos alternos: líneas extranjeras, identidades falsas, plataformas digitales o números clonados. Mientras tanto, el ciudadano común queda atrapado entre requisitos, validaciones y el temor constante al robo de identidad.
De hecho, el propio gobierno reconoce indirectamente ese riesgo al habilitar una plataforma pública para consultar cuántas líneas están registradas con una CURP determinada. La sola existencia de esa herramienta revela que las autoridades saben que puede haber abusos y registros indebidos, porque ya se han encontrado números registrados con curp de otros usuarios.
Paradójicamente, el sistema que busca proteger también puede abrir nuevas puertas a fraudes si no existe una vigilancia tecnológica verdaderamente sólida.
ENTRE EL ORDEN Y LA LIBERTAD
México necesita combatir la delincuencia, sí. Pero también necesita fortalecer la confianza ciudadana. Y esa confianza no se construye únicamente imponiendo obligaciones, sino garantizando transparencia, protección de datos y resultados concretos.
El registro obligatorio de celulares coloca nuevamente al país en el delicado equilibrio entre seguridad pública y libertades individuales. La pregunta de fondo no es si debemos identificarnos para usar un teléfono, sino si las instituciones mexicanas están realmente preparadas para custodiar esa enorme cantidad de información personal sin poner en riesgo a la población.
Porque en tiempos donde prácticamente toda la vida cabe dentro de un celular, entregar nuestros datos ya no es un simple trámite: es entregar una parte de nuestra identidad.
