La prepotencia institucional disfrazada de “legalidad”: el verdadero rostro de los despidos en el Programa Vasconcelos
24 de Marzo de 2026
Javier Moreno
_Ventana Política._
Por Javier Moreno.
La prepotencia institucional disfrazada de “legalidad”: el verdadero rostro de los despidos en el Programa Vasconcelos.
Circula de manera informal una especie de comunicado que pretende presentar como un acto de mera rutina administrativa lo que, en los hechos, es un despido masivo e injustificado de 25 trabajadores del Programa Vasconcelos. Según la fuente de este comunicado, que, aunque no revele su identidad oficial por su forma de distribución, proviene de la SEV (quién más tendría los datos que ahí se manejan y el interés de difundirlos), “no fueron despedidos, cesados o removidos”; simplemente “llegó a su fecha natural de terminación el contrato laboral” el 31 de diciembre de 2025. Con ese eufemismo burocrático se busca deslegitimar una protesta que ya cumple más de 100 horas de plantón en las instalaciones centrales de la SEV, respaldada por el Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (SIMVE). Pero la realidad jurídica y fáctica desmiente esa narrativa.
La Ley Federal del Trabajo (LFT) es clara y no admite interpretaciones caprichosas. El artículo 35 establece que, “a falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado”. El artículo 37 limita los contratos por tiempo determinado únicamente a tres supuestos: cuando lo exija la naturaleza del trabajo, para sustituir temporalmente a otro trabajador o en los casos expresamente previstos por la ley. El Programa Vasconcelos no es un proyecto efímero: es una estrategia permanente de la SEV para reducir la brecha digital y el rezago educativo en comunidades marginadas, con brigadas que siguen operando mes tras mes. Si el trabajo subsiste —como lo reconoce la propia SEV al mantener el programa activo—, el artículo 39 de la LFT ordena que la relación se prorrogue “por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia”. Clasificar a estos trabajadores como “personal de confianza” para evadir su antigüedad (en algunos casos superior a 20 años) no es un tecnicismo legal; es un subterfugio que la jurisprudencia laboral ha calificado reiteradamente como simulación y fraude a la ley.
Más grave aún: se sabe públicamente que la misma SEV, en esta nueva administración estatal, ha incorporado nuevo personal al Programa Vasconcelos. A diferencia de los trabajadores protestantes —muchos de ellos con décadas de servicio itinerante, cargando equipo bajo el sol y la lluvia—, estos nuevos integrantes sí reciben pagos dignos y condiciones favorables. ¿Optimizar recursos? No. Se trata de una sustitución selectiva que huele a favoritismo político y a uso discrecional del erario. La “evaluación del perfil idóneo” que menciona el comunicado resulta, en la práctica, una purga arbitraria disfrazada de eficiencia.
El comunicado también busca criminalizar el ejercicio legítimo de los trabajadores al señalar que han interpuesto juicios laborales “demandando millones de pesos del erario público”. Olvida —o finge olvidar— que el derecho a demandar es una garantía constitucional (artículo 17 de la CPEUM) y que, de prosperar las demandas, la responsabilidad no recaerá en “la niñez veracruzana”, sino en la autoridad que violó la estabilidad en el empleo. Los millones que se mencionan no son un capricho; son el cálculo legal de indemnizaciones, salarios caídos, prestaciones y antigüedad que la SEV se niega a reconocer.
Pero el aspecto más revelador de la prepotencia no está en el texto del comunicado, sino en la forma en que la dependencia ha manejado el conflicto. Cualquiera que sea el argumento que la SEV y su titular quieran hacer valer —optimizar recursos, perfiles idóneos, fin de contratos—, ya deberían estar sentados en una mesa de diálogo formal con los trabajadores y su sindicato. En lugar de eso, optan por enviar mensajes informales vía WhatsApp. Ese gesto no es solo una falta de protocolo; es un insulto a la dignidad laboral y un mensaje explícito de intolerancia. Cuando una secretaría de Estado prefiere el chat privado a la negociación institucional, está diciendo a la sociedad que el poder no dialoga: impone.
La sociedad veracruzana no es tonta. Lo que está captando no es “transparencia y legalidad”, como repite el comunicado. Lo que percibe es prepotencia e intolerancia. Una dependencia que paraliza sus propias oficinas por cuatro días, que ve bloqueados sus accesos y que, aun así, se niega a recibir a los afectados, transmite un solo mensaje: “aquí mandamos nosotros, y el derecho laboral es opcional”.
Es hora de que la SEV abandone la narrativa de victimario ofendido y asuma su responsabilidad. El Programa Vasconcelos lleva el nombre de un visionario que creía en la educación como herramienta de justicia social. Hoy, paradójicamente, se usa para ejemplificar lo contrario: arbitrariedad, simulación contractual y desprecio por quienes lo han hecho posible durante años. La solución no está en más comunicados. Está en la mesa de negociación, en el reconocimiento de derechos y en el respeto al estado de derecho. Cualquier otra actitud solo profundizará la brecha —no digital, sino de confianza— entre el gobierno y los veracruzanos.
