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Piden gobernadores a SCJN respete Constitución en lo que respecta a prisión preventiva
Foto por: Los Editores / Xalapa, Ver.
Piden gobernadores a SCJN respete Constitución en lo que respecta a prisión preventiva
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Piden gobernadores a SCJN respete Constitución en lo que respecta a prisión preventiva
13 de Marzo de 2024 10:59 /
Javie LaertesGobernadores de todo el país incuido el de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, exhoraton nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconsidere su postura respeto a la prisiómn preventiva oficiosa, pues se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad pública y gobernabilidad del país, así como a las entidades federativas.
En un desplegado que firman mandatarios estatales del país, incluido el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se plantea respeto a lo que plantea el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se considere el artícul 135.
Y es que en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación proceda en contra lo planteado, se violenta el principio de supremacía constitucional atendiendo siempre a los derechos de las víctimas del delito, puesto que son ellas quienes resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales.
A continuació el documento íntegro:
Las y los gobernadores de los estados de la República y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México comprometidos con la Cuarta Transformación, con respeto absoluto a la división de poderes y atendiendo a la necesidad de fortalecer el federalismo mediante mecanismos democráticos que reflejen el mayor sentido de responsabilidad hacia quienes juramos respetar la Constitución, formulamos las siguientes consideraciones respecto de la resolución que deberá emitir el máximo tribunal constitucional de nuestro País respecto de la prisión preventiva oficiosa.
Este tema fundamental en la vida jurídico-política de nuestro país y de protección a su soberanía constitucional, hacemos un llamado respetuoso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad pública y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables.
Conscientes de la importancia que reviste la observancia del máximo ordenamiento jurídico, nos pronunciamos en calidad de Amicus Curiae, con absoluto respeto a la figura que representa la SCJN, a efecto de que se considere el principio de supremacía constitucional atendiendo siempre a los derechos de las víctimas del delito, puesto que son ellas quienes resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales.
Es necesario enfatizar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son en efecto vinculantes; sin embargo, éstas deben estar armonizadas y no transgredir el contenido de nuestra Constitución previo pronunciamiento de la propia Suprema Corte. Es decir, resulta de suma importancia mantener un equilibrio entre el respeto a los derechos humanos y el respeto a nuestra soberanía y ordenamiento jurídico interno.
La figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito.
Es muy importante manifestar que la restricción que se pretende declarar inconstitucional se refiere a delitos de alto impacto y de clara repercusión social que en su momento fueron considerados como graves, y en los que el ministerio público sólo puede solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no resulten suficientes para garantizar la comparecencia del imputado a juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad; así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Por lo tanto, solo en esas condiciones precisas, el juez ordenaría la prisión preventiva de forma oficiosa.
Por lo anterior, con base en lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que la "...Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma...serán la Ley Suprema de toda la Unión", es válido concluir que, de otorgársele preferencia a una norma de carácter internacional sobre el derecho interno, se traduciría en afirmar que un tribunal contencioso del ámbito internacional tendría el alcance de inaplicar en sentido práctico una norma de rango constitucional, lo que llevaría a vulnerar a la propia Constitución, emanada de la voluntad del constituyente permanente y no de un acuerdo de voluntades entre Estados miembros de la comunidad internacional.
Finalmente, es pertinente señalar que en la misma, se establece el procedimiento constitucional para modificar o enmendar su contenido, por lo que les pedimos observancia estricta al artículo 135.
El desplegado lo firman la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo; el gobernador de Chiapas, Rutilio Cruz Escandón Cadenas; la gobernadora del Estado de México, Defina Gómez Álvarez; el mandatario de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; el de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona; de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos.
Así como el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío; el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martín Bates Guadarrama; la gobernadora de Guerrero, Evelín Salgado Pineda; el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo; el de Puebla, Sergio Céspedes Peregrina; de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; de Tamaulipas, Américo Villareal Anaya.
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román; de Colima, Indira Vizcaíno Silva; el mandatario de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar; el de Nayarit, Miguel Ángel Navarro; la gobernadora de Quintana Roo, María Elena Lezama Espinosa.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño; la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros; el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y el mandatario de Zacatecas, David Monreal Ávila.
