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Asigna directamente Fernando Yunes a empresa que ‘limpia cuentas’ de administraciones estatales y municipales contrato
Foto por: / Xalapa, Ver.
Asigna directamente Fernando Yunes a empresa que ‘limpia cuentas’ de administraciones estatales y municipales contrato
20 de Diciembre de 2020 16:18 /
Staff Los EditoresDe acuerdo a la revista Proceso el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contrató de manera directa y sin licitación alguna a la empresa ESTRATEGOB, S.C., encargada de “limpiar” cuentas públicas la cual había recibido más de 26 millones en pocos meses, otro de los involucrados en contratar los servicios es el alcalde de Veracruz Fernando Yunes Márquez quien este año habría pagado más de 4 millones de pesos por un contrato de dos meses.
Según el semanario, el propietario de la ESTRATEGOB es Salvador Vega Casillas, ex titular de la Secretaría de la Función Pública en el gobierno de Felipe Calderón, quien además fue senador por el PAN y compañero de Cabeza de Vaca y Yunes Márquez detalla el artículo titulado “Vega Casillas limpia las cuentas de García Cabeza de Vaca.
En este se detalla las diversas situaciones por las que se realizaron los contratos desde 2019 por parte del gobernador tamaulipeco, asignando directamente los contratos a la empresa antes mencionada, donde ha pagado más de 26 millones de pesos para evitar observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
Situación, similar se dio en el Ayuntamiento de Veracruz donde el alcalde Fernando Yunes Márquez, contrató a la empresa ESTRATEGOB, S.C., a través de asignación directa el pasado mes de junio del año en curso.
En la investigación que presenta Proceso, se da a conocer que el presidente municipal panista, pagó 4 millones 600 mil pesos por concepto de “consultoría estratégica y asistencia técnica en materia legal (y) administrativa para la revisión y autorización de procesos en materia de obra pública y adquisición de bienes y servicios”.
El contrato que el ayuntamiento de Veracruz tiene con ESTRATEGOB, S.C., entró en vigor el 22 de junio de 2020 y concluye el 31 de diciembre del mismo año; el artículo completo se publicó en la edición del semanario Proceso fechado el 13 de diciembre del año en curso.
