Nacional
Analizará la Corte litigio sobre libertad de expresión
Foto por: La Jornada /
Al resolver el caso, la SCJN también tendrá que establecer si los periodistas pueden clasificarse como figuras públicas
09 de Septiembre de 2020 18:26 /
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el litigio entre el presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Héctor Armando Cabada Alvídrez, y el periodista Héctor Guadalupe González García, por daño moral, un caso en el cual los ministros definirán si los pronunciamientos de una autoridad sobre el ejercicio periodístico de una persona pueden generar un “efecto inhibitorio en la libertad de expresión”.Este asunto comenzó cuando, durante una conferencia de prensa, el funcionario hizo comentarios sobre el desempeño profesional del periodista, quien entonces demandó a Cabada Alvídrez por daño moral, alegando que se había lesionado su buena reputación.
La demanda de González García fue desechada ante el juzgado de primera instancia y luego ante una Sala de Apelación, quien sin embargo negó al presidente municipal la petición de que el periodista cubriera las costas judiciales.
Inconformes con la decisión, ambas partes promovieron sendos amparos, los cuales fueron ahora atraídos por la SCJN, a propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Los ministros de la Primera Sala señalaron que el asunto contiene temas novedosos y de trascendencia, entre ellos definir si los actos de comunicación de las autoridades son un ejercicio de libertad de expresión y si es el caso, cuáles son sus límites.
La resolución de la Corte de ejercer su facultad de atracción advierte que este asunto permitirá “establecer parámetros que posibiliten a las y los juzgadores resolver asuntos en los que se vean involucradas expresiones o actos de comunicación de personas servidoras públicas, cuyo objeto sea la labor periodística o la manera en que la desarrollan quienes se dedican a ello.”
Al resolver el caso, la SCJN también tendrá que establecer si los periodistas pueden clasificarse como figuras públicas y sobre todo si las expresiones de una autoridad sobre la actividad periodística pueden “generar un efecto inhibitorio en la libertad de expresión”.
Con información de La Jornada
