Estatal

Secretaría de Salud pone en riesgo la vida de 400 pacientes por suspensión de hemodiálisis

08 de Agosto de 2019 13:32 /

Noemí Valdez

Xalapa, Ver.- La falta del servicio de hemodiálisis por parte de la Secretaría de Salud en los principales hospitales del estado, no es una “cuestión administrativa” como dijo el titular de la dependencia, Roberto Ramos Alor, sino un acto de irresponsabilidad y negligencia que podría derivar en el fallecimiento de pacientes, acusó la diputada Andrea Yunes Yunes, Presidenta de la Comisión de Salud del Congreso local.

“El problema es muy grave aunque el Secretario lo minimice. Según me han informado, hay más de 100 pacientes que no han recibido la atención adecuada; ellos están en los hospitales Regional de Veracruz, en el Nachón de Xalapa y en los de Poza Rica, Tierra Blanca y Río Blanco. A nivel estatal podrían ser más de 400 los pacientes afectados y el Secretario dice que no hay de qué preocuparse”, detalló.

La legisladora, dijo que la declaración hecha por el Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, para justificar que desde hace 15 días no se preste el servicio, es una muestra más de que la institución está sumida en un verdadero caos por su incapacidad y arrogancia.

“Puede intentar engañar a la población, pero los médicos sabemos que dos semanas es un tiempo muy largo para que los pacientes puedan tener acceso a este tratamiento”, explicó.

Lamentó que se siguen privilegiando los negocios a costa de la salud de los veracruzanos. “Decidieron cambiar de empresa pero no prepararon la transición. Ahora resulta que el gobierno está al servicio del nuevo proveedor para que los pacientes se atiendan fuera de los hospitales y no ahí mismo como marca el protocolo; los pacientes graves no tienen acceso al servicio porque no se han instalado los nuevos equipos”, señaló la legisladora.

Recordó que la Secretaría de Salud asignó un contrato por más de 100 millones de pesos a la empresa GIFYT S.A. de C.V., filial de Esterinova de Puebla, la misma que fue señalada por realizar actos de corrupción, conflicto de interés y presentar documentación falsa durante el tiempo que también prestó sus servicios al IMSS y a la propia Secretaría de Salud.

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