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Arturo Bermúdez El Duartista que podría pasar 100 años en la cárcel

27 de Marzo de 2018 14:29 /

Gabriela Rasgado

Xalapa, Ver.- Arturo Bermúdez Zurita podría estar frente a una quinta imputación por diversos ilícitos, lo que lo convertiría así en el ex secretario de la era duartista con más procesos en su contra, que de comprobarse, le acarrearían más de 100 años de prisión.

Por si fuera poco, también se configurarían delitos en materia federal en su contra, por los que será juzgado aparte.

Tan solo en la última semana, se ha conocido de dos posibles nuevos procesos: el primero, por un desfalco cercano a los 100 millones de pesos a su paso por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuando fue titular, y el otro, por la presunta posesión de un rancho de más de 40 millones de pesos.

Bermúdez, al que sus abogados –y algunos periodistas- juraban que refutaría las acusaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y finalmente sería exonerado, lleva un año, cuatro meses y 16 días bajo proceso; de ese tiempo, ha pasado un año, un mes y 24 días preso.

Actualmente enfrenta los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad; enriquecimiento ilícito y desaparición forzada, este último, el más grave y penado de todos. Adicionalmente, en puerta, podría enfrentar dos procesos más.

Esta es una radiografía de la situación legal actual del otrora ex poderoso jefe policiaco de Javier Duarte de Ochoa.

Abuso de autoridad y tráfico de influencias

El 11 de noviembre de 2016 Arturo Bermúdez fue imputado por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, junto a Alejandro Contreras Uscanga, su jefe administrativo y su socio Roberto Esquivel Hernández, este último solo por tráfico de influencias.

Bermúdez es acusado de ser el autor intelectual de los ilícitos al autorizar junto a Contreras el otorgamiento del contrato SSP/UA/016/2016 para el suministro de víveres a favor de Roberto Esquivel Hernández, socio y amigo de Bermúdez Zurita, por más de 90 millones de pesos.

De este proceso, vía amparo, se logró la reposición del auto de vinculación a proceso, pues la defensa de Bermúdez argumentó presuntas violaciones y omisiones del órgano jurisdiccional, con lo que logró que un tribunal colegiado ordenara que volviera a efectuarse.

Sin embargo, tras reponerse el proceso a principios de este año, la determinación fue la misma, dictar la vinculación. Ese caso se encuentra en investigación complementaria.

De encontrarse culpable, Bermúdez alcanzaría los diez años de cárcel.

Enriquecimiento ilícito

El 3 de febrero de 2017, el ex secretario fue detenido. Se le acusa de haber amasado una fortuna de más de 86 millones de pesos durante su desempeño como titular de la SSP; de hecho, su renuncia al cargo se debió a la exhibición de residencias en el condado de Woodland, Texas, puestas a su nombre y de sus familiares más cercanos.

De ahí que la investigación de la FGE señala que no hay justificación para el incremento desproporcionado de sus ingresos, puesto que al inicio de su gestión, en 2011, declaró tener bienes por un valor comercial de 22 millones 740 mil pesos.

Sin embargo, al renunciar a su encargo, en sus propias declaraciones, ya existían bienes con valor de 86 millones 773 mil 506 pesos, lo que no se justifica, pues sus ingresos anuales rondaban en los 4 millones 200 mil pesos.

Como en el proceso primigenio, también buscó, por la vía federal, echar abajo la vinculación a proceso, que en primera instancia fue negado, y se ratificó apenas la semana pasada la sentencia que indica que el auto fue pronunciado en apego a la legalidad.

Por este caso, le fue impuesta su primera prisión preventiva, que inicialmente era de ocho meses y luego se amplió a petición de la autoridad.

De este proceso, al haberse celebrado ya la audiencia intermedia, la FGE solicitó que además de otras amonestaciones, le sea dictada la pena máxima: 10 años de cárcel.

Desaparición Forzada

El más grave de todos los delitos que se le siguen y por el que podría alcanzar una penalidad de hasta 90 años.

Bermúdez se encuentra preso también por este delito, al ser acusado que como titular de la SSP ordenó, solapó y encubrió una política sistemática de desaparición de personas consideradas como integrantes del crimen organizado.

Junto a él, dos mandos más y 16 policías operativos se encuentran siendo investigados por los mismos hechos, junto a 12 fugitivos más, pues desaparecieron de manera forzada a 15 personas, entre ellas mujeres y menores de edad, lo que implica las agravantes del tipo penal.

El caso específico de Zurita, lo coloca como autor mediato de los hechos, pues como secretario no pudo mantenerse apartado de la política que llevaban a cabo sus elementos, máxime que por algunos casos, hubo denuncias públicas y ante la autoridad, en las que se señalaba en todo momento a los elementos de seguridad, como partícipes directos, lo que ha sido acreditado hasta este momento por la FGE.

Desvío de recursos

Aunque administrativamente Bermúdez no fue sancionado por el ORFIS, el órgano fiscalizador abrió la puerta a una denuncia penal, que deberá estar a cargo del área jurídica del mismo ORFIS y de la Contraloría General del Estado (CGE), por desvío de más de 94 millones de pesos.

En esta denuncia podrían configurarse diversos tipos penales como abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado.

Aunque se dijo que había sido exonerado de los desvíos, es necesario precisar que en el caso de los servidores públicos, pueden ser juzgados por dos vías, la administrativa y la penal, sin que una interfiera con la otra o que se le juzgue dos veces por el mismo delito.

Es decir, en caso de haber sido declarado culpable por el Orfis, esto no significa que no se le pudiera seguir un proceso penal, lo que de acuerdo a fuentes ministeriales, se está integrando. Alcanzaría los diez años.

Delitos federales y del fuero común

Al existir la presunción de participación de otros cómplices, la FGE podría abrir un nuevo proceso por enriquecimiento ilícito a Bermúdez; paralelamente, la Procuraduría General de la República (PGR) abriría uno por lavado de dinero.

Esto es porque la FGE descubrió de manera reciente un rancho valuado en 40 millones de pesos a nombre de Miguel Ángel Bermúdez Zurita, hermano del ex secretario, pero como una triangulación de recursos desviados, presuntamente desde el gobierno de Veracruz.

La carpeta de investigación iniciada, y que fue confirmada por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, sigue la línea del enriquecimiento, pero con factores y actores distintos a los del proceso ya iniciado.

De esta manera, el ex secretario enfrentaría una nueva acusación, que al igual que la anterior, le podría costar diez años más de cárcel.

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