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Se Lo Niegan Exdirector de la Fuerza Civil pierde amparo contra Fiscalía y Yunes
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23 de Febrero de 2018 12:44 /
Staff Los EditoresXalapa, Ver.- El ex director de la Fuerza Civil, Roberto González Meza perdió el amparo mediante el cual pretendía que, ni el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ni la Fiscalía General del Estado (FGE), hicieran difusión sobre el proceso que se le sigue en contra por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de desaparición forzada de personas.
De acuerdo a la resolución, la autoridad federal considera que el acto reclamado por el supuesto agraviado tiene el carácter de consumados, por lo cual resulta improcedente conceder la medida cautelar, ya que el efecto de ésta es mantener las cosas en el estado que guardan al decretarla y no, el de restituirlas al que tenían antes de la violación constitucional, lo cual es propio de la sentencia definitiva que en el juicio se pronuncie.
Aunque en los últimos días se ha difundido una versión, mediante la cual los ex funcionarios habrían obtenido un amparo para obligar a guardar silencio al Gobierno de Veracruz, al gobernador, al fiscal Jorge Winckler Ortiz, como a los medios de comunicación sobre este proceso penal, las resoluciones tomadas hasta el momento por la justicia federal son la de poder continuar con el principio de publicidad sobre este asunto.
Así puede confirmarse en el juicio de amparo 139/2017 promovido ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito, en el cual se precisa que dada la situación jurídica que aduce tener el quejoso, la finalidad de brindar información sobre hechos delictuosos a los medios de comunicación "no puede justificar la violación a la presunción de inocencia, como regla de trato en su vertiente extraprocesal, por parte de las autoridades que expone como culpable al detenido".
De manera particular se advierte que los actos reclamados consistían en la divulgación, publicación y difusión oral, escrita en redes sociales ya sea personales o institucionales, así como boletines de prensa del Gobierno del Estado de Veracruz y la Fiscalía General del mismo Estado "que contenga imágenes del quejoso, incluyendo su nombre completo, a través de los cuales se le señala como responsable del delito de Desaparición Forzada de personas, sin antes haber sido juzgado y sentenciado por autoridad judicial".
También pretendían frenar la divulgación, publicación y difusión de datos personales y específicos de la imputación, datos de prueba o cualquier otra información del investigado, imputado o acusado de forma oral, escrita o electrónica, en medios de comunicación y redes sociales, así como en los índices de los Juzgados de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo.
