Arturo Bermúdez Zurita, ex Secretario de Seguridad Pública culpó, vía su dirección jurídica, al gobierno de Veracruz, entonces a cargo de Javier Duarte de Ochoa de haber contratado los servicios de su socio Roberto Esquivel Hernández, y con ello violentar la ley de adquisiciones y arrendamientos.

Y su socio, vía su defensa, se lavó las manos del ilícito que se le imputa, aduciendo que por no ser servidor público, solo Bermúdez Zurita debe responder ante las imputaciones. 

De acuerdo a los datos de prueba aportados por su defensa en la reposición de la audiencia de vinculación a proceso para los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, dentro del proceso penal 221/2016, tras ser demandado por Esquivel para que se le pagaran diversas facturas por la prestación de servicios, el jurídico de la SSP, respondió que era absolutamente facultad del gobierno del estado responder ante cualquier situación que se presentara en el contrato.

"El gobierno se comprometió y adquirió los servicios; la SSP solo fue auxiliadora y por tanto no hay incumplimiento contractual", reza parte de la contestación a la demanda civil interpuesta por Esquivel contra la Secretaría ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia, iniciada cuando Bermúdez ya era investigado por los delitos indicados. 

Por su parte, la defensa de Roberto Esquivel acusó que el tipo penal de tráfico de influencias no se configura para su cliente pues este no tiene el carácter de servidor público, por lo que si hay alguna conducta ilícita, se deberá sujetar solamente al ex titular de la SSP.

Bermúdez alega inocencia 

Al declarar en audiencia, Arturo Bermúdez Zurita negó que en algún momento haya presionado a algún empleado para incurrir en acciones contrarias a la ley durante su paso por la SSP o que él mismo lo haya hecho.

Durante la reposición de la audiencia de vinculación a proceso, obtenida mediante un amparo federal, el ex colaborador de Javier Duarte culpó a otros de los señalamientos que le hace la Fiscalía General del Estado (FGE).

En principio acusó que era el titular del ejecutivo quien celebraba los contratos de la SSP.

Luego, en sus propias palabras, dijo que quien tenía la lista de proveedores que podrían acceder a un contrato, era la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y no la dependencia a su cargo.

"Jamás presioné a alguna persona o colaborador para que actuara fuera de la ley", dijo.

Bermúdez está acusado de ser autor intelectual del delito de abuso de autoridad al autorizar el otorgamiento del contrato SSP/UA/016/2016 para el suministro de víveres a favor de la empresa “Guardias Empresariales en Seguridad Privada S.A de C.V”, propiedad de Roberto Esquivel Hernández y Carolina Bermúdez Zurita, por lo que el ex titular sabía que estaba incumpliendo la ley.

En tanto que por tráfico de influencias, se le considera autor material mientras que  Esquivel Hernández, al no ser servidor público, tiene la calidad de partícipe.