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Vota Congreso Van Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa por 10 años

19 de Diciembre de 2017 08:19 /


Noemí Valdez.-

Durante la sesión de este martes, el Congreso Local votará la propuesta del Gobernador del Estado para dar paso al nombramiento de los magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa que durarán en el cargo un periodo de 10 años improrrogables.

Es de mencionarse que la semana pasada, se frenó este punto de acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política.

La lista de quienes ocupen este espacio fue enviado por el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, y en este aparecen Estrella Alhelí Iglesias Gutiérrez; Luisa Samaniego Ramírez; Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez y Pedro José María García Montañez para ocupar dicho cargo.

De acuerdo a cálculos, la conformación de este nuevo Tribunal Administrativo que contará con cuatro magistrados, costará en promedio en su inicio, 40 millones de pesos.

Las características de dicho organismo de acuerdo a la Ley, es que estará dotado de plena autonomía para emitir sus fallos, determinar su organización y funcionamiento.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa será competente para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal, municipal y los particulares.

Podrá imponer las sanciones a los servidores públicos estatales o municipales por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves.

También estará facultado para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales y municipales y a los particulares afectados por los hechos o actos de servidores públicos.

Dicho Tribunal forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción; instancia de coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

JC