Internacional
España promete restaurar legalidad
Foto por: Excelsior / Xalapa, Ver.
El gobierno central activará un mecanismo para asumir competencias de las autoridades secesionistas catalanas, sin afectar la autonomía de la región
20 de Octubre de 2017 08:49 /
El gobierno español dio un paso más hacia una suspensión del gobierno de Cataluña, luego de que ayer venciera el plazo definitivo para que el presidente de la región, Carles Puigdemont, aclarara si proclamó la independencia.El gobierno central celebrará mañana una reunión extraordinaria para activar el mecanismo que permita “restaurar el orden constitucional” en Cataluña y asumir competencias de las autoridades independentistas, un hecho inédito en casi cuatro décadas de democracia.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobará en esa reunión las medidas que está consensuando con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el principal de la oposición, y los liberales de Ciudadanos, con el fin de “proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña” .
Sin responder directamente, Puigdemont afirmó que “si el gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continúa la represión, el Parlamento de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10”.
El gobierno busca aplicar “el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en Cataluña”, señaló un comunicado, en relación con el artículo que permite ejercer las competencias de una autonomía.
El artículo es vago pero, teóricamente, permite a Madrid asumir la administración regional e instalar un nuevo equipo, tomar el control de las finanzas y la policía y convocar elecciones anticipadas.
Su uso podría tensar más la cuerda con la región, pero Rajoy dice que cuenta con el respaldo de los dos principales partidos del país y ha desdeñado todas las peticiones de diálogo del líder catalán.
El PSOE, respaldó al gobierno pero insiste en que el artículo se aplique de forma proporcional y limitada.
Además, una eventual intervención generará fuertes movilizaciones, mientras la incertidumbre impacta en la economía, luego de que más de 900 empresas sacaron su sede social de Cataluña y el gobierno central rebajó su previsión de crecimiento para 2018 a 2.3 por ciento.
EL ARTÍCULO 155
El gobierno y el PSOE están estudiando el alcance que debe tener la aplicación del artículo 155 de la Constitución sobre el Parlamento catalán, según fuentes del Ejecutivo.
Estas precisan que se trata de una de las dificultades de las conversaciones que están manteniendo para concretar la aplicación de este artículo inédito de la Carta Magna, junto con la negociación de la magnitud que tenga la intervención.
No se trata, según explican, de disolver el Parlamento catalán, algo que se producirá cuando se convoquen las elecciones en Cataluña. De hecho, fuentes populares y socialistas explican que una disolución de la Cámara es complicada y podría generar el efecto contrario.
Incluso podría tener un coste político muy alto para una intervención que se pretende lo más corta posible.
Pero admiten que si el Parlamento catalán mantuviera las mismas prerrogativas que tiene ahora, la mayoría independentista podría distorsionar la situación y enturbiarla con las iniciativas que presentara y que con toda probabilidad saldrían adelante con los apoyos de Junts pel Sí y la CUP.
UN PARTIDO DE IZQUIERDA TOMA LAS CALLES
Un partido de extrema izquierda tiene un papel clave en las aspiraciones independentistas catalanas: la CUP, que reclama la proclamación inmediata de la República catalana y promueve la “desobediencia masiva”.
Ante la amenaza del gobierno central español de intervenir la autonomía de Cataluña, la Candidatura de Unidad Popular (CUP) ha recurrido a su arma favorita: la movilización en las calles.
La formación independentista llamó a manifestarse, desde ayer, ante las prefecturas del gobierno central en Cataluña con el lema “Paremos la represión, libertad para los presos políticos”, en referencia a dos dirigentes independentistas en prisión preventiva por sedición.
Una portavoz del grupo juvenil Arran, ligado a la CUP, Mar Ampurdanès, llamó por igual a “la desobediencia masiva no violenta”.
La CUP exigió al líder catalán, Carles Puigdemont, que proclamara la República catalana inmediatamente, luego de que este se limitó a “asumir el mandato” de hacerlo ante el parlamento regional.
Con sus diez diputados, la pequeña formación tiene un peso enorme: es clave para que los independentistas mantengan su mayoría.
“¿Mediación y negociación con quién? ¿Con un Estado español que sigue amenazándonos y persiguiéndonos?”, señaló la portavoz de la CUP, Anna Gabriel, luego de que Puigdemont pidiera suspender la independencia en aras del diálogo.
