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Arturo Bermúdez en Pacho

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Juicio de Arturo Bermúdez, hasta que se resuelvan sus amparos

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Juicio de Arturo Bermúdez, hasta que se resuelvan sus amparos

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Juicio de Arturo Bermúdez, hasta que se resuelvan sus amparos

14 de Agosto de 2017 21:06 /

La juez de control Estrella Iglesias Gutiérrez desechó el 80 por ciento de los medios de prueba presentados por Arturo Bermúdez Zurita; por el contrario le autorizó a la Fiscalía General del Estado (FGE), llamar a toda su familia para que declaren por el caso.

Al concluir la audiencia intermedia o de preparación a juicio, tras la presentación de los datos de prueba con los que pretenden ir a juicio, la autoridad jurisdiccional admitió 62 medios de la FGE y determinó aceptar solo dos de Bermúdez.

Además, resolvió que no ha lugar al auto de apertura a juicio hasta que causen estado algunos amparos promovidos por el ex secretario de Seguridad Pública.

Luego de más de diez horas de diligencia, con un receso de casi cuatro horas, la juez de control se pronunció por aceptar los 13 testimoniales que presentó la FGE, entre los que destacan seis que implican a sus familiares directos, como María Guadalupe Zurita García, su madre y Sofía Lizbeth Mendoza Hernández, su esposa.

También sus hermanos, padre y tío declararán todo cuanto sepan con respecto a las relaciones entre Arturo Bermúdez y Roberto Esquivel Hernández, socio en varias empresas.

Y es que la FGE recordó que el 26 de febrero de 2016, vía el subcomité de adquisiciones de la SSP, presidido entonces por Alejandro Contreras Uscanga, Jefe de la Unidad Administrativa acordó, junto a Bermúdez Zurita otorgar el contrato SSP/UA/016/2016 a la empresa  “Guardias Empresariales en Seguridad Privada SA. De C.V”, propiedad de Roberto Esquivel Hernández y Carolina Bermúdez Zurita, socio y hermana del imputado, además de Sofía Mendoza Hernández, pareja del ex secretario.

La Fiscalía sostuvo que tanto Bermúdez como Contreras Uscanga acordaron firmar el contrato con la empresa en cuestión, sin haber puesto de conocimiento al subcomité de adquisiciones que era una empresa donde Arturo Bermúdez participaba por lo que se aprovecharon de sus cargos para conceder el contrato, violentando lo establecido en la Ley de Adquisiciones, que establece que no pueden otorgarse contratos a allegados o familiares.

La adjudicación a la empresa del ex servidor público fue para la prestación del servicio de víveres y desechables para el personal de la SSP, empresa a la que se le pagaron, vía cuatro transferencias, 2 millones de pesos y a la que se le quedaron a deber poco más de 4 millones de pesos.

A la par, la empresa de Bermúdez denunció al gobierno estatal, encabezado en esa fecha por su defensor principal, Javier Duarte de Ochoa, para que le fueran pagados otros 15 millones de pesos en casi 2 mil facturas.

Entre los elementos presentados por la FGE para acreditar la relación comercial, afectiva y amistosa entre Esquivel y los familiares directos de Bermúdez con las empresas a las que se les otorgaron contratos, se encuentran las actas constitutivas de las mismas, actas de nacimiento de padres, hermanos y la esposa de Bermúdez.

Además, dictámenes, oficios y tarjetas informativas referentes a la sesión del comité de adquisiciones, sus determinaciones y demás referentes a la celebración del contrato con la empresa de Esquivel.

En total, son 42 documentales que se presentaron así como la petición de admitir 13 testimoniales, entre los que se encuentran los padres, hermanos y colaboradores de Bermúdez a su paso por la SSP, para que sean interrogados respecto a todo cuanto sepan de las relaciones empresariales, afectivas y profesionales con el auto nombrado  "Capitán Tormenta".

A la par, el asesor jurídico de la SSP pidió que entre los datos también se contemple la comparecencia de María Yolanda Rebolledo Domínguez, por haber tenido participación directa en los hechos, por haber sido la persona que efectuó las cuatro transferencias por las que se pagaron los dos millones al socio y cómplice, lo que también fue admitido.

Por parte de la defensa, la juez aceptó que sean llamados a declarar Nora Adriana Sotelo García y Álvaro Muñoz Arcos, vinculados a las empresas de Esquivel.

Las pruebas desechadas, ocho en total, consistían en las actas constitutivas de las empresas de Bermúdez, lo que fue considerado como sobreabundante, pues además no se precisó como debían ser desahogadas en la etapa de juicio.

También fueron desestimadas  algunas entrevistas realizadas por la defensa a los familiares, por no haber sido informado ni a la juez ni a la Fiscalía que iban a celebrarse, lo que es ilegal.

MM