Estatal
De Terror Ante inseguridad, hacen 16 recomendaciones a la administración de Yunes
Foto por: Platanegra /
International Crisis Group es una organización no gubernamental, fundada en 1995, dirigida a la resolución y prevención de conflictos armados internacionales.
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International Crisis Group es una organización no gubernamental, fundada en 1995, dirigida a la resolución y prevención de conflictos armados internacionales.
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International Crisis Group es una organización no gubernamental, fundada en 1995, dirigida a la resolución y prevención de conflictos armados internacionales.
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International Crisis Group es una organización no gubernamental, fundada en 1995, dirigida a la resolución y prevención de conflictos armados internacionales.
02 de Marzo de 2017 12:37 /
Ante la ola de violencia que se vive en Veracruz, la Organización International Crisis Group, hizo al menos 16 recomendaciones a la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.International Crisis Group es una organización no gubernamental, fundada en 1995, dirigida a la resolución y prevención de conflictos armados internacionales.
En su informe, señala que la entidad vive en estado de “terror” especialmente en los últimos casi seis años de mandato de Duarte; tiempo en el que Veracruz ocupó los primeros lugares en violencia –con mil 258 asesinatos, fue la segunda entidad en 2016 donde más repuntaron los homicidios-, y donde además aumentó la pobreza en más de 185 mil ‘nuevos’ pobres y la deuda millonaria. Mientras que, por el contrario, se redujo el crecimiento económico y la creación de empleos formales.
Ante este contexto, el informe propone una serie de recomendaciones al Gobierno Federal y al actual gobierno estatal de Miguel Ángel Yunes, para dar justicia a las víctimas, transformar las instituciones policiacas, y evitar un nuevo desfalco multimillonario de las arcas veracruzanas.
Al gobierno del estado de Veracruz:
Admitir e investigar a fondo la participación del estado en crímenes contra la humanidad como las desapariciones forzadas.
Fortalecer la autonomía de la nueva Comisión de la Verdad y dar a los actores de la sociedad civil el derecho de asociarse con las autoridades judiciales estatales para iniciar investigaciones sobre crímenes graves, especialmente desapariciones; Y coordinar los esfuerzos de la Comisión de la Verdad con los de la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) del gobierno federal.
Honrar la independencia y abstenerse de interferir políticamente en la labor de la Fiscalía de Veracruz, especialmente en lo que se refiere a acusaciones contra el nuevo gobierno estatal por malversación de fondos públicos; Y apoyar el establecimiento de un programa eficaz de protección de testigos y un servicio forense independiente.
Inicia de manera justa y transparente la remoción de funcionarios corruptos y criminalmente cómplices de las instituciones estatales, en particular la Policía Estatal y la Fiscalía Estatal, así como el enjuiciamiento de altos funcionarios acusados de colusión con grupos del crimen organizado y de participación en crímenes graves.
Establecer las bases de la reforma policial apoyando la profesionalización, mejorando el nivel de vida de los agentes de policía y restableciendo un sentido de dignidad en sus condiciones de servicio; Aplicar de inmediato medidas para impedir la participación de las fuerzas del Estado en crímenes de lesa humanidad, como las desapariciones forzadas, entre ellas: la instalación de dispositivos de localización GPS en coches de patrulla y cámaras en comisarías de policía; Mantener registros continuos sobre los movimientos de la policía y el personal en servicio; Y almacenar y respetar las solicitudes de información sobre la libertad de información relacionadas con dicha información.
Introducir mecanismos eficaces de supervisión financiera, comenzando con la divulgación voluntaria de la asignación y utilización de fondos públicos.
Demostrar su compromiso con la libertad de expresión al revelar completamente cómo se asignan los fondos públicos a las compañías de medios; Y reformar y fortalecer los mecanismos de protección existentes para los periodistas y activistas de derechos humanos.
Mejorar la coordinación con el gobierno federal en áreas cruciales para lograr mejoras duraderas de seguridad, incluyendo policías, operaciones contra el crimen organizado, programas de prevención del delito y apoyo a las víctimas.
Al gobierno federal:
Apoyar la búsqueda e identificación de los desaparecidos de Veracruz, proporcionando personal, apoyo institucional y recursos financieros; Revocar los recientes recortes al presupuesto federal para la búsqueda de personas desaparecidas; Y colaborar con las autoridades estatales de Veracruz en el enjuiciamiento de altos funcionarios involucrados en crímenes contra la humanidad y malversación de fondos públicos.
Ayudar a la Comisión de la Verdad de Veracruz, obligando a los comandantes y al personal de las fuerzas armadas a comparecer ante las autoridades civiles para aclarar la participación del ejército y la marina en las desapariciones y otros crímenes graves y abstenerse de adoptar enfoques demasiado militarizados para la inseguridad estatal.
Implementar y reforzar los mecanismos de supervisión sobre el uso de los fondos federales por parte de los estados y apoyar la implementación local de las reformas federales en curso, fortaleciendo el Sistema Nacional de Lucha contra la Corrupción y la nueva Procuraduría General de la Nación. Y consolidar la labor local de la Comisión Ejecutiva Nacional para la Atención de las Víctimas.
Fortalecer el mecanismo de protección de periodistas y defensores de los derechos humanos mediante la introducción de sanciones administrativas contra funcionarios no conformes.
Esforzarse por evitar la bancarrota del estado de Veracruz para evitar conflictos locales a corto plazo.
A los gobiernos internacionales, particularmente a los Estados Unidos:
Poner fin a la complacencia hacia los abusos y aumentar la presión sobre los gobiernos federal y estatal de México para que respeten los derechos humanos básicos, se comprometan con el imperio de la ley y previenen la obstrucción de la justicia.
Evaluar los programas de asistencia internacional sobre la base de su impacto en la crisis de seguridad de Veracruz y delitos estatales cometidos en el contexto de la militarización de la seguridad pública; Y dirigir la asistencia internacional, particularmente en el marco de la iniciativa Mérida, lejos de la militarización y hacia el fortalecimiento de las instituciones cívicas y las fuerzas policiales regulares.
A las organizaciones internacionales, en particular a la Organización de Estados Americanos (OEA) ya la ONU, ya la sociedad civil internacional:
Apoyar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas respaldando la creación de capacidad de las instituciones estatales y la sociedad civil, sobre todo las organizaciones de víctimas, mediante la ayuda técnica y financiera directa.
JC
