08 de Diciembre de 2017 14:10 /

La primera parte del proceso que se le sigue a Arturo Bermúdez Zurita por enriquecimiento ilícito ha concluido, con el dictado de auto de apertura a juicio oral, aunque para ser llevado, deberán resolverse algunos amparos pendientes. 

Este día, la juez Verónica Portilla Suazo determinó que se cumplió con los requerimientos para turnar a juez de juicio el proceso penal 13/2017 que mantiene en prisión preventiva al ex jefe policiaco de Javier Duarte de Ochoa, acusado de enriquecerse de manera desproporcionada por la cantidad de 52 millones 913 mil 859 pesos.

Tal como lo resolviera un tribunal de alzada, la juez admitió medios de prueba de su defensa, que inicialmente habían sido rechazados y que derivaron en un recurso de apelación. 

Con el dictado de auto a juicio oral, la segunda parte del proceso de Bermúdez iniciará en cuanto causen ejecutoria algunos amparos promovidos contra diversos autos del proceso, como la vinculación, entre otros, lo que podría llevar algunos meses más, en detrimento del propio acusado.

La audiencia, que inició con casi tres horas de retraso, tuvo lugar para oficializar el fin de la etapa de control y dar pie a la de juicio oral, misma a la que acudirán tres fiscales especializados en hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos que conocen de la carpeta de investigación; cuatro defensores de Arturo Bermúdez, así como el acusado.

También asistirán cinco asesores legales de la Secretaría de Gobierno (Segob); la Contraloría General del Estado (CGE) y de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), pues dichas autoridades fungen como víctimas del enriquecimiento de Bermúdez a costa del erario.

Se determinó que acudirán también cinco personas para desahogar las pruebas testimoniales que fueron aceptadas por el órgano jurisdiccional.

Arturo Bermúdez está ahora a disposición del juez de juicio, pues continúa con la medida cautelar de prisión preventiva necesaria, que fue ampliada por ocho meses y que fenece el 3 de junio de 2018, fecha en la que se prevé ya esté sentenciado.

Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado solicitó que se le imponga como pena privativa de libertad la máxima respecto de su delito, es decir, 10 años, así como una sanción de 600 días de salario, que se le suspendan sus derechos políticos y civiles y que sea amonestado públicamente.

Además, que le sean decomisados los bienes que adquirió en el extranjero y otros que posee en el país, mismos que ascienden a la cantidad de 53 millones 633 mil 6 pesos a favor del estado, con la salvedad de resarcir la diferencia en cuanto al monto por el que se enriqueció, establecido en 52 millones 913 mil 859 pesos.

CC