OTRA DE MARYJOSE
19 de Octubre de 2017
José Calzada
JOSE CALZADA
OTRA DE MARYJOSE
Desde su creación en diciembre del 2012, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), órgano autónomo que sustituyó a la Fiscalía Especializada de Atención a Periodistas dependiente de la entonces Procuraduría General de Estado de Veracruz en el sexenio del gobernador Javier Duarte de Ochoa, es un elefante blanco que goza de un amplio presupuesto para beneficio del sistema político estatal en el ejercicio de cierto control a periodistas aliados. La era del yunismo no es la excepción pero cada vez es más complicado sostener la farsa de alguna utilidad para el gremio reportero que sigue en las mismas circunstancias de toda la vida, con la vulnerabilidad a flor de piel y en el desamparo de los propietarios de los medios de comunicación. La CEAPP en conclusión no sirve más que para generar enconos entre políticos y periodistas.
Y de lo absurdo del Duartismo de poner como Presidenta de ese organismo a la ex directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Rocío Ojeda Callado y luego a Benita González, se pasó al Yunismo con Ana Laura Pérez Mendoza, una reportera de batalla sí, pero afín a los intereses del nuevo gobierno, pero más allá de esa línea política, los 20.7 millones de pesos que tiene de presupuesto cada año, se han convertido en la manzana de la discordia de quienes se sienten con derechos a participar de ese dinero público, reservado para el desfogue de la problemática de los medios cuando es necesario o para beneficio de los aliados que legitiman acciones de gobierno sin importar el fondo y las consecuencias.
En esta semana, la polémica diputada local del PAN, María Josefina Gamboa Torales, quien de manera inexplicable es presidente de la Comisión de Periodistas en el Congreso Local, abrió fuego en contra de la CEAPP por presuntos desvíos de recursos sin tomar en cuenta que casi todo el presupuesto es un desvío del dinero público para mantener la farsa de la “protección a los periodistas”.
Pero la crítica se topo en seco con el secretario ejecutivo Jorge Morales Vázquez quien reviró a la legisladora y dijo que las descalificaciones que la diputada local que preside la Comisión de Atención y Protección a Periodistas en el Congreso del Estado, María Josefina Gamboa Torales se debe a que fueron despedidos dos de sus recomendados en esa dependencia y su enojo pasó de la crítica a amenaza.
Los recomendados de Maria Josefina fueron la contralora de la CEAPP y una persona del área de Recursos Humanos quienes fueron denunciadas por asumir funciones de doble plaza y sueldos a modo, sin devengarlos en sus actividades diarias.
La legisladora metiche no sólo colocó a sus incondicionales en la CEAPP sino que también toleró sus irregularidades que consistían en desaparición de expedientes y manejo de discrecional de recursos por su cuenta, lo que constituye delitos que ya fueron denunciados pero de los cuales nada pasará porque Veracruz es el estado en el que no pasa nada.
PREMIO A LA TRAICION
El bandido de Ricardo García Guzmán se convirtió en el maestro del cinismo y de la traición, un Judas a secas, mercenario y camaleónico para salvar su dinero mal habido a cambio de traicionar, ahora sale a la luz pública la ruta de complicidad y descaro del ex contralor en una información detallada del Periódico La Jornada Veracruz y vale la pena su reproducción:
“En un acto desesperado por tratar de solventar y ocultar las irregularidades cometidas durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, su ex contralor (y actual aliado del yunismo) Ricardo García Guzmán contrató de manera ilegal a dos despachos y les pagó 8.5 millones de pesos para apaciguar las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al fidelismo y al duartismo.
De acuerdo con el informe de la cuenta pública 2016 elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), así como la copia de los contratos de los despachos contratados, se evidencia la manera ilegal en que adquirieron los servicios para ocultar el desvío de recursos de 2009 a 2014.
Se debe recordar que en sus dos comparecencias ante el Congreso local, el ex contralor duartista, Ricardo García Guzmán juró decir la verdad, y de manera textual aseguró que "todas las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, habían sido solventadas", al tiempo que defendió la honestidad de su ex jefe, ahora preso en la Ciudad de México.
Durante el mes de abril del año pasado y con constantes señalamientos de corrupción del gobierno de Javier Duarte, la Contraloría General del Estado decidió contratar los servicios de los despachos Grupo Auditor Santos SC y L&B Contadores y Abogados SC, para que hicieran una propuesta para solventar las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación a los últimos dos años del gobierno de Fidel Herrera (2009 y 2010), como a los primeros cuatro del duartismo, es decir del 2011 al 2014.
A cada empresa, la Contraloría se comprometió hacerles pagos por 5 millones 800 mil pesos a cada una, pero también a tales despachos les quedó a deber el pago correspondiente, pues de manera conjunta sólo les abonó 8 millones 500 mil pesos.
En el reporte del Orfis, se indica en la observación número FP-028/2016/008 DAÑ que la Contraloría General del Estado violó diversas disposiciones legales, pues derivado de la revisión de las pruebas documentales no se encontró evidencia del procedimiento de contratación; el contrato no indica el tipo de garantía por el anticipo y de cumplimiento.
De igual forma, al momento de la formalización del contrato, estaba en trámite el Dictamen de Suficiencia Presupuestal y Registro de Procedimiento de Adquisición e Inversión ante la Secretaría de Finanzas y Planeación; sin embargo, no presentaron evidencia de ello.
Los despachos Grupo Auditor Santos SC y L&B Contadores y Abogados SC no cumplieron con su parte de dar unos reportes mensuales sobre la propuesta para solventar las irregularidades durante el fidelismo y el duartismo. De acuerdo al informe de la cuenta pública 2016 del Orfis, se detalla que la Contraloría le pagó a los despachos durante los meses de abril y mayo, pero en junio, tras la derrota electoral del PRI en la elección a gobernador, decidió de pagarle a los despachos y perdió el interés por ocultar las irregularidades de Fidel Herrera y de Javier Duarte.”
Sin embargo, ahora García Guzmán es uno de los aliados más cercanos al gobernador de la alternancia que con los mismos personajes que los anteriores jefe de la banda de saqueadores hoy mal gobierna Veracruz.
plumanegra12@gmail.com
